El Poder Judicial de Michoacán confirmó la sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik, responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, un caso que marcó a la sociedad michoacana y se convirtió en símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de violencia feminicida.
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Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles de los últimos días: la muerte de varias mujeres que formaban parte de la Guardia Nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que no habrá carpetas cerradas a medias ni explicaciones a conveniencia, y que los casos deben revisarse a fondo.
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La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República acordaron compartir información estratégica para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México, como parte de una nueva etapa en el combate a la violencia por razones de género. El objetivo central es dejar atrás la visión de casos aislados y avanzar hacia un enfoque integral que permita identificar patrones, riesgos y posibles reincidencias.
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La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que entre enero y noviembre de 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque la cifra representa una disminución frente a los 73 casos del mismo periodo de 2024, el fenómeno sigue siendo grave.
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El doble feminicidio ocurrido el 13 de enero de 2026 en Cuautitlán, Estado de México, sacudió a la opinión pública tras el asesinato de Teresita de Jesús Tavera Guadarrama y su hija Cindy Tavera Medrano al interior de su departamento en la colonia San Francisco Cascantitla. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identifica como principal sospechoso a Erick Antonio “N”, expareja de Cindy y padre de sus hijos, quien permanece prófugo.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este martes 16 de diciembre de 2025 al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
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El Congreso de la Ciudad de México avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica que fortalecen la definición, sanción y persecución de delitos como abuso sexual, acoso y violencia familiar, con el objetivo de cerrar brechas de impunidad y ampliar la protección a mujeres y víctimas en contextos de pareja y familia.
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La procuración de justicia en México entró en una nueva etapa de alineación institucional. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales reforzaron su compromiso de trabajar juntas frente a los desafíos de seguridad del país. En ese contexto, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, participó en la LIII Asamblea Plenaria 2025 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un espacio clave para definir estrategias comunes.
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La primera gran aparición de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República no fue discreta. Al contrario, llegó con un acuerdo que puede cambiar la manera en que México entiende y rastrea la violencia: la aprobación, por parte de fiscalías de todo el país, del Registro Criminal de Armas de Fuego, un sistema que permitirá saber de dónde vienen, por dónde pasan y en qué delitos están involucradas las armas que circulan en territorio nacional.
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Clara Brugada presentó un paquete de reformas para fortalecer sanciones y prevenir violencias contra mujeres en la Ciudad de México.
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