El reciente recrudecimiento de casos de feminicidio, como los de Edith Guadalupe y una ex reina de belleza, vuelve a evidenciar las fallas estructurales del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en un contexto donde la impunidad y la desigualdad siguen siendo factores determinantes.
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio por el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Baja California, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El caso ha generado presión social ante posibles omisiones iniciales y la exigencia de justicia con perspectiva de género.
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El presunto feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, estudiante de 21 años, avanza en el sistema de justicia de la Ciudad de México tras la detención e ingreso a prisión preventiva del principal sospechoso, un vigilante del inmueble donde fue hallado el cuerpo. El caso exhibe posibles fallas en mecanismos de seguridad privada y reaviva la exigencia de justicia ante la violencia feminicida.
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El caso de Alberto N volvió a poner sobre la mesa cómo actúa la justicia en México ante denuncias de violencia familiar. Un juez de control determinó que el luchador deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por presuntas agresiones físicas y verbales hacia su pareja.
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Gobierno federal busca agilizar mecanismos de protección inmediata ante denuncias en redes sociales para prevenir crímenes contra activistas.
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La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa una de las iniciativas más sensibles de su administración: una nueva Ley General para prevenir, investigar y castigar el feminicidio en todo el país. La propuesta no solo busca endurecer penas, sino cambiar de fondo cómo el Estado enfrenta este delito.
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En el Congreso mexicano hay propuestas que buscan cerrar vacíos legales que, en la práctica, dejan desprotegidas a muchas familias. Una de ellas es la que impulsa la diputada María Isidra de la Luz Rivas, quien plantea suspender la patria potestad a quienes sean vinculados a proceso por feminicidio o incluso por intento de este delito.
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La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de feminicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más allá de las estadísticas, este delito deja una consecuencia profunda y muchas veces invisible: la orfandad de niñas, niños y adolescentes.
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En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el encendido del alumbrado conmemorativo en el Zócalo de la Ciudad de México, un acto simbólico que busca visibilizar la lucha histórica de las mujeres. Sin embargo, la ceremonia ocurre en un contexto donde la violencia de género continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales, lo que reabre el debate sobre la eficacia de las políticas públicas frente a los gestos simbólicos.
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