Cerrar la puerta al crimen: cuando el Congreso busca proteger a los jóvenes

En San Lázaro se está cocinando una discusión que toca una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, puso el tema sobre la mesa al informar que las dos iniciativas que presentó para tipificar este delito ya fueron enviadas a la Comisión de Justicia, porque implican cambios directos al Código Penal Federal. La idea, dice, es clara: que a partir de enero de 2026 México tenga una figura legal específica para castigar a quienes obligan, engañan o presionan a jóvenes —muchos de ellos menores de edad— a formar parte de organizaciones criminales.

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Ricardo Mejía celebra que se frene la prisa en la revocación de mandato

En San Lázaro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), aplaudió que se haya pospuesto la discusión de la reforma constitucional que busca emparejar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. En palabras sencillas, esto significa que el Congreso decidió tomarse un tiempo antes de decidir si la consulta para evaluar al presidente debe hacerse el mismo día que se elijan diputados federales.

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Ricardo Mejía acusa a Manolo Jiménez de repartir el carbón entre cuates

El Congreso se calentó —y no por los focos— cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, levantó la voz contra lo que llamó una “repartición a modo” de las licitaciones de carbón en Coahuila. Según el legislador, el gobernador Manolo Jiménez y Régulo Zapata Morales, un empresario señalado por su presunta implicación en la tragedia del Pinabete, son quienes controlan el negocio de los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Congreso va por una sola ley contra la extorsión

En México, uno de los delitos que más pega en el bolsillo y en la tranquilidad de la gente es la extorsión. Esa llamada sospechosa que pide dinero para no hacerte daño, ese mensaje amenazante que llega al celular o incluso el cobro de piso a comerciantes, todo entra en esta categoría. El problema es que hasta hoy cada estado del país define y castiga la extorsión de manera distinta. Lo que en un lugar es delito grave, en otro puede tener sanciones más leves, y esa falta de uniformidad complica que la justicia sea pareja.

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