En medio de la tensión global por el conflicto en Medio Oriente, que ya está pegando directo en el bolsillo con el alza del petróleo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar salió a poner calma: en México, dice, no habrá “gasolinazo”.
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En el Congreso mexicano se está cocinando uno de los proyectos económicos más ambiciosos de los últimos años, y el encargado de explicarlo es el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. La propuesta suena técnica, pero en realidad toca algo muy concreto: cómo se va a invertir el dinero para construir carreteras, hospitales, trenes y hasta sistemas de agua en todo el país.
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En medio de la próxima revisión del tratado comercial más importante para México, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lanzó una propuesta que, aunque suena técnica, tiene impacto directo en la economía diaria: poner el combate a la corrupción como prioridad dentro del T-MEC.
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En el Congreso se está cocinando una discusión que toca uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: cuánto cuesta la democracia y quién paga la cuenta. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Movimiento Regeneración Nacional, plantea que sí se puede reducir el financiamiento público a los partidos y bajar el costo de las campañas sin poner en riesgo el sistema electoral.
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En los pasillos del Congreso, mientras se acerca la discusión de la reforma electoral que el Ejecutivo Federal planea enviar en los próximos días, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, deja claro que no hay fractura entre su partido, el PT y el PVEM; solo hay diferencias de opinión. Para él, lo importante es tomarse el tiempo necesario, dialogar y construir la mayoría calificada que permita reformar la Constitución y reducir el gasto excesivo de los partidos políticos, que según sus cuentas, se dispara en campañas y en mantener los gastos ordinarios.
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En la Cámara de Diputados ya arrancó una discusión que, aunque suene lejana para mucha gente, toca de lleno la vida cotidiana: cómo evitar que el dinero público se pierda, se desvíe o termine en corrupción. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, anunció que comenzaron formalmente las consultas, debates y mesas de trabajo para construir el Plan Nacional Anticorrupción, una hoja de ruta que busca cambiar de fondo las reglas del juego y reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción desde la Constitución y las leyes.
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En San Lázaro comenzó a moverse una de las piezas más importantes —y más incomprendidas— del engranaje público: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para decirlo sin tecnicismos, lo que se está planteando es volver a armar el sistema que se encarga de vigilar al gobierno, coordinar a las autoridades y evitar que el dinero público se pierda entre trámites, corrupción e impunidad.
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El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no se va a apresurar en temas que requieren cabeza fría y consenso: la revocación de mandato y la tan esperada Ley General de Aguas. Con su estilo prudente, Monreal insistió en que ambos asuntos se discutirán a fondo, sin precipitar votaciones ni imponer posturas.
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El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una crítica directa al debate sobre la revocación de mandato, al considerar que insistir en discutirla ahora solo desvía la atención de los problemas más urgentes del país, como la reciente tragedia ocurrida en Uruapan, Michoacán. Con tono severo, Döring dijo que este tipo de iniciativas son un “distractor político” más que una verdadera prioridad legislativa.
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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, se mostró tranquilo y hasta optimista con la decisión de posponer la discusión de su iniciativa de reforma constitucional sobre la revocación de mandato. Para él, esta pausa no es un tropiezo, sino una “implicación positiva”, porque permitirá abrir el debate y escuchar más voces: desde académicos hasta organizaciones con experiencia en temas de democracia directa. En palabras simples, la idea es que antes de meterle mano a la Constitución, todos —políticos, especialistas y ciudadanía— tengan oportunidad de opinar sobre cómo mejorar este ejercicio.
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