Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles de los últimos días: la muerte de varias mujeres que formaban parte de la Guardia Nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que no habrá carpetas cerradas a medias ni explicaciones a conveniencia, y que los casos deben revisarse a fondo.
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A pesar de estar detenido desde 2020 y cumplir una sentencia de 60 años de cárcel, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, presuntamente continúa dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima desde prisión, según reportes de autoridades federales mexicanas y señalamientos del gobierno de Estados Unidos. Esta estructura criminal es señalada como responsable de la masacre ocurrida en Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas durante un ataque armado en un campo de futbol el pasado 25 de enero.
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El debate sobre migración y seguridad volvió a tensar la relación entre la Casa Blanca y gobiernos estatales demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para abordar los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en ese estado y las investigaciones por las recientes muertes de civiles a manos de agentes federales.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la violencia que sacudió a Salamanca, Guanajuato, el pasado fin de semana, donde un ataque armado dejó 11 personas muertas y volvió a colocar a la entidad en el centro de la preocupación nacional por la inseguridad. Desde el ámbito federal, la mandataria aseguró que ya existe coordinación con las autoridades estatales para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
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Con un tono firme pero sin estridencias, Kenia López Rabadán puso el tema donde duele y donde urge: la seguridad. Tras el ataque ocurrido en Salamanca, Guanajuato, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó pronta recuperación a las personas heridas, pero dejó claro que el mensaje no puede quedarse solo en palabras.
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La discusión sobre la pirotecnia llegó al Congreso con un enfoque distinto al de otros años: no se trata de cancelar tradiciones, sino de reducir riesgos reales para las personas, los animales y el medio ambiente. Con ese objetivo, las diputadas de Movimiento Ciudadano Laura Iraís Ballesteros Mancilla e Iraís Virginia Reyes de la Torre, junto con el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y prohibir el uso de fósforo blanco en fuegos artificiales y municiones.
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La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que entre enero y noviembre de 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque la cifra representa una disminución frente a los 73 casos del mismo periodo de 2024, el fenómeno sigue siendo grave.
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La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder del grupo delincuencial Los Blancos de Troya, fue contenida sin mayores afectaciones gracias a la actuación oportuna de las fuerzas de seguridad, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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La violencia homicida en México mostró una reducción durante la primera mitad de 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre enero y junio de este año, la tasa semestral de homicidios se ubicó en 11.1 por cada 100 mil habitantes, por debajo del 12.6 registrado en el mismo periodo de 2024.
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Guatemala inició este lunes bajo un estado de sitio decretado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, luego de una escalada de violencia registrada el fin de semana que incluyó motines en centros penitenciarios y ataques armados contra fuerzas de seguridad. La medida, con una vigencia inicial de 30 días, responde a una ofensiva atribuida a presuntos pandilleros tras la recuperación del control de varias cárceles por parte del Estado.
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