Por Juan Pablo Ojeda
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en un momento marcado por una sequía extraordinaria que ha afectado a comunidades, al campo y a los sistemas hídricos de ambos lados de la frontera. El entendimiento se da en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y busca equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades internas de cada país.
El Gobierno de México aseguró que ha cumplido con sus obligaciones conforme a la disponibilidad real del recurso, sin poner en riesgo el derecho humano al agua ni la producción agrícola en la región fronteriza. En términos prácticos, esto significa que las entregas se están ajustando a lo que efectivamente existe en las presas y ríos, evitando decisiones que afecten a la población o a los productores.
Como parte del acuerdo, México se comprometió a liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre. Las autoridades federales subrayaron que estas acciones se realizarán dentro de los límites operativos y de la infraestructura disponible, garantizando que el consumo humano no se vea comprometido.
El Gobierno federal fue enfático al señalar que México no ha violado en ningún momento las disposiciones del Tratado de Aguas de 1944, y que el cumplimiento se ha dado conforme a las condiciones extraordinarias de sequía que enfrenta la región. En este sentido, destacó que el tratado prevé mecanismos de flexibilidad y cooperación técnica para atender situaciones como la actual.
Ambos países trabajan de manera coordinada en la definición de una ruta técnica que permita atender el déficit del ciclo anterior y, al mismo tiempo, fortalecer la gestión del ciclo actual, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del tratado. Este trabajo binacional busca dar certidumbre a las comunidades fronterizas y a los sectores productivos que dependen del agua del Río Bravo.
El plan definitivo deberá quedar concluido a más tardar el 31 de enero de 2026. Para ambos gobiernos, el acuerdo representa un reconocimiento de que el manejo del agua es un desafío compartido que exige cooperación constante, decisiones técnicas y respeto a la soberanía de cada nación, especialmente en un contexto de cambio climático y escasez creciente del recurso.
