Por Juan Pablo Ojeda
La detención de Jacobo Reyes León, alias El Lic o Yaicob, volvió a encender los focos sobre la mezcla de crimen organizado, política local y redes de poder económico en México. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron al presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos, tráfico de armas y narcóticos, un grupo que, según investigaciones federales, operaba con una estructura empresarial y amplias conexiones.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León fue arrestado la noche del martes 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, en Reforma 75, en la Ciudad de México, sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La captura ocurrió sin incidentes y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades federales.
El perfil del detenido no es menor. Además de ser señalado como líder criminal, Jacobo Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. En esa misma zona, según las investigaciones, operaba un centro de distribución de huachicol desde donde se coordinaba el robo y la comercialización ilegal de combustible.
La causa penal 495/202, citada en investigaciones periodísticas, describe a Reyes León como la cabeza de una “empresa criminal”. Su papel consistía en dirigir a los integrantes del grupo, coordinar las operaciones y concentrar las ganancias obtenidas tanto por la venta ilícita de hidrocarburo como por el tráfico de armas de fuego.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es su presunta relación con Raúl Rocha Cantú, señalado en el expediente y conocido públicamente como copropietario del certamen Miss Universo. Ambos figuran dentro de una lista de 13 personas contra quienes un juez giró órdenes judiciales el pasado 15 de noviembre de 2025, como parte de una investigación más amplia contra esta red delictiva.
Entre los nombres incluidos en la causa penal aparecen presuntos operadores financieros, coordinadores logísticos y enlaces legales, lo que apunta a una organización con roles definidos y capacidad para operar durante años sin ser desmantelada.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: la infiltración del crimen organizado en la política local y en actividades económicas estratégicas como el sector energético. El huachicol no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino que ha generado redes de corrupción, violencia y financiamiento ilegal que impactan directamente en la gobernabilidad.
Mientras avanzan las investigaciones y se definen las responsabilidades penales, la detención de Reyes León se perfila como un golpe relevante contra una estructura criminal que combinó negocios ilícitos, ambiciones políticas y vínculos de alto perfil.
