Por Juan Pablo Ojeda
La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse, ahora por una mezcla delicada de seguridad, agua y presupuesto. En el paquete de gasto aprobado recientemente en Washington y firmado por el presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense dejó claro que parte de los recursos destinados a apoyar a México en el combate al narcotráfico quedarán congelados si no se cumple con la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944.
La medida quedó asentada en la llamada Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, donde se establece que el dinero para programas de reducción del tráfico de drogas no podrá liberarse hasta que el secretario de Estado, Marco Rubio, certifique ante el Congreso que México está cumpliendo con los compromisos de entrega de agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. En términos simples, Washington quiere comprobar que el agua pactada sí está llegando antes de soltar parte del apoyo económico.
La ley precisa que esa certificación debe evaluar si México está cumpliendo con todos los acuerdos bilaterales firmados para corregir retrasos o incumplimientos en la entrega del recurso hídrico. Es decir, no basta con promesas: se exige evidencia concreta y verificable.
Sin embargo, el mismo documento aclara que esta condición no aplica para los recursos destinados específicamente al combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. En ese rubro, Estados Unidos considera prioritario mantener la cooperación, aun cuando existan diferencias en otros frentes.
Además, el texto legal señala que el 30 por ciento de los fondos podría liberarse de manera obligatoria si el Departamento de Estado confirma que, en los últimos 12 meses, el gobierno mexicano ha tomado acciones claras contra el fentanilo, ha desmantelado cárteles, ha colaborado en operativos conjuntos, ha respetado solicitudes de extradición y ha reforzado los operativos antinarcóticos tanto a nivel federal como estatal.
Este debate ocurre en un contexto en el que ambos países ya habían anunciado un nuevo entendimiento sobre el tema del agua. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó recientemente que México acordó suministrar al menos 350 mil acres-pies de agua al año, lo que equivale a unos 432 millones de metros cúbicos, como parte del fortalecimiento del Tratado de Aguas de 1944. Para el gobierno estadounidense, este compromiso da mayor certidumbre a productores agrícolas del sur de Texas que dependen del flujo constante del Río Bravo.
Desde diciembre pasado, Donald Trump había elevado la presión al advertir que México podría enfrentar aranceles de hasta 5 por ciento si no cumplía con el tratado. El acuerdo original establece que Estados Unidos debe enviar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe entregar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.
En el fondo, el mensaje es claro: para Washington, la cooperación en seguridad y el cumplimiento de los compromisos hídricos forman parte de una misma ecuación política. Para México, el reto será equilibrar la presión externa, la escasez de agua y la necesidad de mantener abierta la cooperación bilateral en un tema tan sensible como el combate al narcotráfico.
