Por Juan Pablo Ojeda
La Ciudad de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de feminicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más allá de las estadísticas, este delito deja una consecuencia profunda y muchas veces invisible: la orfandad de niñas, niños y adolescentes.
Frente a este panorama, la diputada Valeria Cruz Flores presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital, con el objetivo de garantizar atención integral a menores que pierden a su madre a causa de feminicidio.
La propuesta contempla modificar el Artículo 115 y adicionar el 115 Bis, con el fin de obligar a las autoridades a activar mecanismos de apoyo inmediato. Esto incluye atención psicológica y médica, acceso prioritario a programas educativos y sociales, así como acompañamiento institucional durante su proceso de recuperación.
Desde el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora —quien también preside la Comisión de Salud— subrayó que la intención es no dejar en el abandono a quienes enfrentan esta situación, y ayudarles a reconstruir su proyecto de vida tras una pérdida marcada por la violencia.
La iniciativa también pone sobre la mesa el impacto estructural del feminicidio en las familias. Según datos incluidos en el documento, alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc han concentrado históricamente el mayor número de casos, lo que evidencia la dimensión territorial del problema.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis, con respaldo de legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y diversas asociaciones parlamentarias, lo que anticipa una discusión con amplio consenso político.
En el arranque de 2026, la Ciudad de México se ubica en el segundo lugar nacional en feminicidios. Tan solo en enero se registraron cinco casos: dos víctimas jóvenes, dos adultas y una adulta mayor. Además, demarcaciones como Venustiano Carranza y Cuauhtémoc figuran entre las zonas con mayor incidencia en el país.
De aprobarse, la reforma podría sentar un precedente en la política pública local, al reconocer la orfandad por feminicidio como una condición que requiere atención específica del Estado, más allá del ámbito penal.
