Por Juan Pablo Ojeda
En un abierto desafío a la estructura de supervisión de las Naciones Unidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió este martes un severo reproche al Comité contra la Desaparición Forzada (CED). La colisión se centró en el intento del organismo internacional de llevar el expediente mexicano ante la Asamblea General, un movimiento que la mandataria consideró sesgado y omiso de los esfuerzos federales recientes.
Desde la tribuna de su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó frontalmente los criterios del Comité. “No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad”, declaró la presidenta, estableciendo un límite discursivo a la categorización de la violencia en México. El reclamo exhibe la molestia del Ejecutivo ante informes que equiparan la crisis actual con políticas sistemáticas de agresión estatal.
El desencuentro institucional tiene su raíz en la valoración de las herramientas creadas para combatir el fenómeno. La presidenta exigió respuestas al CED sobre sus evaluaciones: “¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas?”. Estas interrogantes configuran la defensa oficial, basada en el desarrollo de nueva infraestructura gubernamental.
Para desviar la presión sobre su administración, Sheinbaum trazó una línea de tiempo que vincula el origen de las desapariciones con políticas de administraciones pasadas. Afirmó que su gobierno actúa puntualmente en delitos que se originaron «a partir de la Guerra contra el narco», responsabilizando implícitamente a la militarización temprana del país por la ruptura del tejido social que derivó en la crisis de personas no localizadas.
El posicionamiento de Sheinbaum culminó con una aseveración categórica sobre la capacidad de respuesta del país: «El Estado mexicano no está rebasado». Esta declaración busca contrarrestar directamente la premisa de los organismos internacionales y colectivos de víctimas, quienes han denunciado un colapso en los servicios médicos forenses y en las fiscalías especializadas encargadas de procesar los hallazgos.
La escalada hacia la Asamblea General de la ONU, promovida por el CED, colocaría a México en el centro del debate internacional sobre derechos humanos, exponiendo al gobierno federal a cuestionamientos de otros Estados miembros. La presidencia busca neutralizar esta posibilidad desacreditando anticipadamente la objetividad y la exhaustividad de los informes preliminares del Comité.
La confrontación entre Sheinbaum y el mecanismo de la ONU define el tono de la relación que el actual gobierno mantendrá con el sistema internacional de derechos humanos. Privilegiando la defensa de las instituciones creadas durante su movimiento político, la administración federal rechaza el diagnóstico externo que sugiere una crisis sistémica incontrolable en el territorio nacional.
