En el Congreso, la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, puso sobre la mesa un tema que para muchos parece lejano, pero que en realidad refleja un problema serio y muy cotidiano: la falta de justicia en los crímenes motivados por prejuicios hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+, especialmente la población trans. Lo hizo mediante un punto de acuerdo —una especie de “llamado oficial” que el Poder Legislativo hace a instituciones públicas— para pedirle a la Fiscalía General de la República que aplique el Protocolo Nacional de Actuación en casos que involucren orientación sexual o identidad de género, además del protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas LGBTTTIQ+.
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