Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los casos de Kimberly Joseline, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Sinaloa, son investigados formalmente como feminicidios, una tipificación que implica que las autoridades consideran que los crímenes se cometieron por razones de género.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que en el caso de Kimberly ya fue detenido el presunto responsable, quien sería una persona cercana a la joven. Este elemento —la relación entre víctima y agresor— refuerza una constante en los delitos de feminicidio en México: en muchos casos el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima.
“En el primer caso ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven. Es un feminicidio”, sostuvo Sheinbaum, dejando claro que la investigación sigue su curso bajo ese delito específico.
Respecto al asesinato de Rubí Gómez Tagle, ocurrido en Mazatlán, la presidenta explicó que existen videos en los que se observa al agresor ingresar al domicilio de la madre buscadora. También señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el atacante era una persona conocida por ella. La investigación corresponde a la Fiscalía de Sinaloa, que será la instancia encargada de informar oficialmente los avances.
Rubí Gómez formaba parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, un movimiento que en los últimos años ha cobrado relevancia nacional ante la crisis de desapariciones en el país. Su asesinato generó indignación en distintos sectores sociales, particularmente entre activistas y organizaciones civiles que han denunciado riesgos constantes para quienes participan en labores de búsqueda.
Sheinbaum subrayó que, aunque ambos casos son distintos en contexto y circunstancias, comparten la gravedad de tratarse de feminicidios. Reiteró que el gabinete de Seguridad federal da seguimiento puntual a reportes de desapariciones y homicidios de mujeres y jóvenes, con el objetivo —según dijo— de fortalecer la coordinación entre autoridades locales y federales.
La clasificación como feminicidio no es un detalle menor. En el marco legal mexicano, este delito contempla penas más severas y obliga a las fiscalías a aplicar protocolos específicos de investigación, incluyendo perspectiva de género, análisis del entorno de la víctima y revisión de antecedentes de violencia.
En un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema central en la agenda pública, el reconocimiento oficial de estos casos como feminicidios envía una señal política y jurídica: que no serán tratados como homicidios comunes, sino bajo la figura que reconoce el componente estructural de violencia de género.
