Por Bruno Cortés
En medio del debate por la crisis de desapariciones en México, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldó su postura frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
El legislador fue claro: considera que el señalamiento internacional no es objetivo y que no reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas. Desde su perspectiva, la presidenta no está descalificando por cerrar el diálogo, sino defendiendo el trabajo institucional que se ha realizado.
En términos más simples, lo que está en juego es cómo se interpreta la realidad. Mientras organismos internacionales advierten sobre patrones graves en desapariciones, el gobierno y su mayoría legislativa sostienen que sí hay avances y que el problema se está atendiendo como nunca antes.
Monreal incluso fue más allá y cuestionó que el comité de la ONU haya excedido sus funciones al no considerar el contexto completo ni los esfuerzos del Estado mexicano. Aun así, dijo respetar todos los informes internacionales, aunque no coincida con ellos.
Este posicionamiento no es menor. Desde el Congreso, la mayoría legislativa tiene la capacidad de marcar la ruta del debate público y definir si se abre o no un diálogo formal con instancias internacionales. De hecho, sobre la propuesta del diputado panista de reunirse con representantes de la ONU, Monreal dejó la decisión en manos de la mayoría, sin adelantar una postura definitiva.
Otro punto clave es que el legislador rechazó la idea de que en México exista una crisis de lesa humanidad en materia de desapariciones. Aquí entra un debate técnico y político: esa clasificación implica que hay patrones sistemáticos graves, algo que el oficialismo no reconoce.
Desde la lógica de política pública, este tipo de diferencias impacta directamente en las decisiones. Si se acepta un diagnóstico más severo, se abren puertas a mayor presión internacional y a cambios estructurales; si se rechaza, el énfasis se mantiene en fortalecer las estrategias actuales.
Monreal también destacó que, desde el Poder Legislativo, se han aprobado diversas reformas para atender el problema, y aseguró que el gobierno ha hecho esfuerzos sin precedentes en la búsqueda de personas.
Al final, lo que refleja este episodio es una tensión constante: por un lado, las críticas externas que piden reconocer la magnitud del problema; por el otro, la defensa interna de un modelo que asegura estar avanzando.
En ese cruce de posturas, el Congreso juega un papel clave, no solo para legislar, sino para definir qué narrativa se impone y qué acciones se priorizan frente a una de las crisis más sensibles del país.
