Por Juan Pablo Ojeda
La muerte de un joven mexicano en Estados Unidos volvió a encender las alertas sobre las condiciones en los centros de detención migratoria. Royer Pérez Jiménez, de 19 años, falleció el 16 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en Florida, en lo que ya es la decimotercera muerte registrada en 2026 y la número 42 durante la administración de Donald Trump.
De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue encontrado inconsciente en el Centro de Detención del Condado de Glades. Aunque se activaron protocolos de emergencia y se intentó reanimarlo, no logró sobrevivir. La autoridad migratoria señaló como posible causa un “supuesto suicidio”, aunque aclaró que la investigación sigue en curso.
Sin embargo, este tipo de explicaciones ha sido cuestionado en otros casos recientes. Organizaciones civiles y especialistas han señalado inconsistencias en reportes similares, como los fallecimientos de migrantes en centros de detención en Texas, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Entre las voces más críticas se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles, que desde hace años denuncia condiciones precarias en instalaciones como la de Glades. Las acusaciones incluyen negligencia médica, abusos y tratos inhumanos, lo que ha llevado a legisladores y activistas a exigir el cierre de algunos centros.
El caso también expone una contradicción en el discurso oficial. Mientras ICE asegura que garantiza condiciones seguras y humanas para las personas bajo su custodia, los datos muestran un incremento en las muertes, con un ritmo que en semanas recientes ha llegado a una cada cuatro días, según análisis académicos.
Otro elemento relevante es el perfil del joven. Pérez Jiménez había sido detenido en enero tras enfrentar cargos por suplantación de identidad y resistirse a la autoridad. Según el propio ICE, durante su proceso no reportó problemas de salud mental ni indicios de conducta suicida, lo que añade más dudas sobre la versión oficial.
Desde México, el caso ya tiene repercusiones. La autoridad estadounidense informó que notificó al consulado mexicano, mientras que familiares del joven, originarios de una comunidad indígena en Chiapas, han solicitado apoyo para la repatriación del cuerpo.
Más allá del caso individual, el episodio vuelve a colocar en el centro del debate internacional el modelo de detención migratoria en Estados Unidos. No se trata solo de cifras, sino de condiciones, protocolos y rendición de cuentas en un sistema que sigue bajo escrutinio.
