Ante el próximo ingreso al Congreso de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, ha marcado una línea roja: la efectividad debe prevalecer sobre la retórica. La legisladora advirtió que una legislación sin una estructura de fiscalías dotada de recursos financieros suficientes está destinada al fracaso.

El cuestionamiento central de la diputada se dirige hacia la capacidad instalada de las fiscalías, las cuales, según sostiene, carecen de personal capacitado y herramientas periciales básicas para integrar carpetas de investigación sólidas. Sin una inversión presupuestal contundente, argumentó, cualquier reforma se reduce a un ejercicio legalista sin impacto en la realidad de las mujeres mexicanas.

El reciente caso del exdirector de Pemex fue utilizado como un ejemplo crítico por la legisladora para ilustrar la actual brecha de impunidad. La crítica se enfocó en el sistema judicial, donde, señaló, los perpetradores de violencia gozan de privilegios y formas procesales que les permiten regresar a la comodidad de sus hogares, mientras las víctimas continúan sin acceso a la justicia.

López Rabadán fue enfática al respaldar medidas que prohíban beneficios procesales, tales como criterios de oportunidad o amnistías, en casos de feminicidio. El objetivo, señaló, es eliminar cualquier resquicio de impunidad que permita que los responsables eludan su castigo mediante la negociación o el simple paso del tiempo.

El análisis de la iniciativa presidencial deberá ser exhaustivo, dijo la diputada, quien llamó a sus colegas a no aprobar la ley bajo una premisa política si no garantiza una mejora en la prevención. La violencia contra las mujeres, insistió, es una escala que comienza con actos menores y, sin una intervención estatal inmediata, culmina en el asesinato de mujeres por razones de género.

La servidora pública reiteró su compromiso de vida con la defensa de los derechos humanos y la paridad, pero reconoció que la igualdad plena sigue siendo una meta pendiente. Mientras existan víctimas con miedo a denunciar y agresores con confianza en la impunidad, el trabajo legislativo no puede considerarse concluido.

El reto para la próxima legislatura será conciliar la propuesta enviada por el Ejecutivo con las realidades presupuestales del país. López Rabadán dejó abierta la puerta al diálogo, siempre y cuando la propuesta demuestre ser, en sus palabras, “verdaderamente útil y aplicable” para proteger la vida de miles de mujeres.