Por Bruno Cortés
En el Congreso hay temas que no suenan todos los días, pero cuando aparecen cargan décadas de historia encima. Uno de ellos volvió a la mesa esta semana: la situación de miles de ferrocarrileros que se quedaron sin trabajo tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en 1998. El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo, decidió volver a empujar esa puerta que lleva años entreabierta.
Dicho sin tecnicismos, lo que Ortiz Rodríguez está pidiendo es que el Estado mexicano reconozca que a esas familias se les quedó a deber algo. Cuando el sistema ferroviario se privatizó, cerca de 80 mil familias perdieron su fuente de ingreso y, en muchos casos, sus derechos laborales. No fue solo un despido: fue el cierre abrupto de una forma de vida que estaba presente en casi todo el país, en 30 estados de la República.
Desde su curul, el diputado explicó que no es un tema nuevo ni improvisado. Han tocado Palacio Nacional, Gobernación, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las oficinas que aún existen de Ferrocarriles Nacionales en liquidación. La respuesta, reconoce, ha sido lenta. En el Congreso, cada año, el tema choca con una realidad básica de la política pública: si no hay dinero aprobado en el presupuesto, no hay programa que camine.
Por eso el punto central de su propuesta es el dinero. Ortiz Rodríguez recordó que el año pasado planteó destinar poco más de seis mil 600 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2026 para crear un plan de justicia social que incluya pagos retroactivos y compensaciones mensuales. El monto, explica, no es un regalo, sino una forma de cerrar una deuda histórica. El problema es que esas reservas no alcanzaron los votos necesarios porque otros grupos parlamentarios no acompañaron la propuesta.
El legislador también puso el foco en el Ejecutivo. Señaló que la propia presidenta encargó el tema a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la directora del INDEP, Mónica Fernández. De hecho, en una reunión reciente con su bancada, volvieron a insistir en que este asunto ya no puede seguir en el cajón de “pendientes”.
Detrás de los números hay rostros. Muchos de los exferrocarrileros ya superan los 70 años y otros tantos fallecieron esperando una respuesta. Más de nueve mil están organizados en la Gran Comisión Ferrocarrilera, con presencia en 27 estados, presionando para que el tema no se diluya entre reformas y discursos. Para ellos, la justicia social no es una consigna: es la diferencia entre cerrar su vida laboral con dignidad o seguir esperando.
Desde la organización, Enrique Oropeza fue directo: fue hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando comenzaron a ser escuchados de verdad. Hoy, dicen, el tiempo apremia. Por eso el llamado no es solo político, sino humano. La próxima semana habrá una mesa de diálogo en Gobernación y, desde el Congreso, el mensaje es claro: ya no se trata de promesas, sino de cumplirle a una generación que ayudó a mover al país sobre rieles.
