Por Juan Pablo Ojeda
Lo que parecía una reunión rutinaria terminó encendiendo un debate de fondo sobre desigualdad en el periodismo. En Querétaro, personal de la XVI Zona Militar convocó a un encuentro con medios, pero el detalle que detonó la polémica fue claro: solo se invitó a hombres.
La reacción no tardó. La Red Nacional de Periodistas denunció el hecho como un caso de exclusión y violencia simbólica contra mujeres periodistas, especialmente por ocurrir en marzo, un mes marcado por la agenda de derechos de las mujeres.
Pero el problema no se quedó en la convocatoria. La discusión escaló tras comentarios del comunicador Mario León Leyva, quien en un espacio digital desestimó la inconformidad de las periodistas, asegurando que “no importaban” y que estaban molestas por no haber sido invitadas. Para la Red, este tipo de declaraciones no son menores: refuerzan estereotipos y normalizan la discriminación dentro del gremio.
El señalamiento apunta a algo más profundo. De acuerdo con datos de Comunicación e Información de la Mujer A.C., una parte importante de las agresiones contra mujeres periodistas proviene de servidores públicos. Es decir, no se trata solo de casos aislados, sino de un patrón donde el poder institucional también juega un papel.
En este contexto, la crítica alcanzó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que se le pidió fijar una postura clara. El reclamo es sencillo pero contundente: reconocer el trabajo de las mujeres periodistas y garantizar condiciones de igualdad en el acceso a la información.
El punto de fondo tiene que ver con cómo se ejerce el periodismo en México. Cuando se excluye a mujeres de espacios informativos, no solo se limita su participación profesional, también se afecta la pluralidad y el derecho de la sociedad a estar informada desde distintas perspectivas.
La Red lo resume en una idea directa: la exclusión no es una anécdota ni una broma. Es una práctica que, si no se corrige, sigue reproduciendo desigualdades en un oficio que debería basarse justamente en la apertura y la equidad.
Al final, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: no puede hablarse de libertad de expresión plena si no hay igualdad de condiciones para quienes ejercen el periodismo.
