Por Juan Pablo Ojeda
Erick Valencia Salazar, alias «El 85» y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este martes en un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. El fallo, que precede a su sentencia programada para el 31 de julio, establece un marco penal que oscila entre un mínimo de 10 años de prisión y un límite máximo de cadena perpetua.
El procesamiento judicial ocurre 14 meses después de su extradición desde México en febrero de 2025. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia coordinó el traslado de Valencia, de 49 años, quien formaba parte de la cúpula de una organización que, de acuerdo con los expedientes judiciales, introdujo miles de kilogramos de estupefacientes al mercado estadounidense.
El caso legal se enmarca dentro de las nuevas directrices federales impuestas en febrero de 2025, fecha en la que el Departamento de Estado clasificó oficialmente al CJNG como Organización Terrorista Extranjera. Esta designación amplió los parámetros de actuación y las herramientas de incautación de la Sección de Lavado de Dinero y Narcóticos de la División Penal.
En términos operativos, previo a la consolidación del CJNG, la función de Valencia Salazar dentro del Cártel del Milenio incluyó el suministro sistemático de armamento de asalto. Los reportes detallan la provisión de fusiles AK-47 y AR-15 a células de sicariato, recursos balísticos que garantizaron el control de rutas para el flujo anual de cocaína proveniente de Sudamérica.
La investigación técnica que derivó en la declaración de culpabilidad fue liderada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. Los documentos presentados ante la corte indican que la organización criminal sistematizó el homicidio y la recolección de inteligencia táctica para asegurar monopolios territoriales en distintas regiones de México.
El encausamiento de Valencia forma parte del esquema estratégico interinstitucional denominado «Operación Recuperar Estados Unidos». Este programa federal concentra sus recursos en la desarticulación financiera de cárteles transnacionales, la reducción de la inmigración irregular asociada al crimen y la intercepción de narcóticos sintéticos en los puntos fronterizos.
El 31 de julio, el juez de sentencia evaluará las pautas federales aplicables y los factores agravantes del caso, incluyendo la violencia táctica documentada. La resolución definirá el grado de impacto que esta condena representa para la infraestructura logística y de mando de una de las organizaciones criminales con mayor volumen de operaciones binacionales.
