Por Bruno Cortés
En el Congreso se volvió a poner sobre la mesa un problema que muchas veces no se ve desde la ciudad, pero que pesa en comunidades enteras: ir al médico y no entender lo que el doctor está diciendo. La diputada Alejandra Del Valle Ramírez, de Morena, presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Salud garantice intérpretes o traductores en lenguas indígenas cuando así se requiera.
La propuesta modifica la Ley General de Salud para dejar claro que la atención médica debe brindarse con pertinencia cultural y con apoyo de intérpretes pertenecientes al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, conforme a lo que ya establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Dicho en palabras sencillas: si una persona habla náhuatl, mixteco, maya o cualquier otra lengua originaria, el Estado debe asegurarse de que pueda comunicarse claramente en una consulta médica.
La iniciativa parte de una realidad incómoda. En 2026, todavía hay mexicanas y mexicanos que no acuden al centro de salud más cercano porque no hay quien les traduzca. El problema no es solo la distancia física, sino la barrera del idioma. Cuando no hay comunicación clara, hay diagnósticos tardíos, tratamientos mal entendidos y, en el peor de los casos, abandono médico.
Alejandra Del Valle argumenta que esto no es solo un asunto administrativo, sino de derechos humanos. El artículo 1º de la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación por origen étnico, lengua o condición social. Si una persona no recibe atención adecuada porque no habla español, estamos frente a una forma de exclusión que el propio Estado está obligado a evitar.
La reforma, que fue turnada a la Comisión de Salud, busca que la obligación quede explícita en la ley. No sería un favor ni un programa temporal, sino una responsabilidad institucional. Además, plantea que la atención médica debe ser culturalmente pertinente. Eso implica entender costumbres, prácticas comunitarias y formas de concebir la salud y la enfermedad, no solo traducir palabras.
En términos prácticos, esta política pública obligaría al sistema de salud a coordinarse con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para contar con intérpretes capacitados. También abre la puerta a profesionalizar este servicio, generar empleo especializado y mejorar la calidad de la atención en regiones donde la población indígena y afrodescendiente es significativa.
El fondo del debate es claro: si la salud es un derecho, debe ser accesible para todos, sin importar la lengua que se hable. No se trata solo de construir hospitales, sino de garantizar que quienes entren por la puerta puedan explicar qué sienten y entender qué tratamiento deben seguir. En un país pluricultural como México, cerrar la brecha del idioma en los servicios médicos no es un lujo, es una deuda histórica.
