La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado un rastreo financiero y administrativo para determinar cómo una estructura criminal logró transportar 50 toneladas de precursores sólidos y 55,000 litros de líquidos a una zona de difícil acceso en Chihuahua. La investigación apunta a posibles brechas en los controles de transporte de sustancias controladas en las rutas que conectan el centro del país con la zona serrana del norte.
El aseguramiento en el municipio de Morelos pone bajo la lupa los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que el movimiento de tal volumen de carga industrial requiere el uso de vehículos de carga pesada que debieron transitar por diversos puntos de revisión. La FGR busca identificar a las empresas registradas como dueñas de los reactores y centrifugadoras hallados.
De acuerdo con el expediente FGR 241/26, la infraestructura encontrada no es de manufactura artesanal, sino equipo industrial de alta gama. Esto sugiere la participación de una red de proveedores legales que podrían estar desviando equipo a grupos de la delincuencia organizada. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) colabora en el cruce de datos sobre las facturas de origen de la maquinaria.
La falta de detenidos en el sitio ha generado cuestionamientos sobre las filtraciones de información dentro de las corporaciones locales. El reporte indica que, al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad, el laboratorio estaba vacío, a pesar de que los 2,000 litros de metanfetamina listos indican una actividad reciente e ininterrumpida de producción.
El costo operativo de instalar un complejo de esta magnitud se estima en millones de pesos, lo que implica una estructura financiera sólida que soporta la logística en la Sierra del Pinal. La FGR está analizando las coordenadas geográficas de los suministros de energía y combustible necesarios para alimentar los reactores y las plantas de luz utilizadas en el proceso de síntesis química.
La coordinación interinstitucional entre la SEDENA y la Guardia Nacional se ha reforzado en la región para identificar otros posibles puntos de producción. Sin embargo, la persistencia de estos laboratorios masivos señala un reto para las políticas de interceptación de precursores en las aduanas y puertos, puntos de entrada originales de la mayoría de las sustancias básicas encontradas en el sitio.
Finalmente, el proceso de destrucción de los químicos asegurados será auditado por el órgano interno de control de la FGR. Esto busca garantizar que el tonelaje reportado coincida exactamente con lo destruido, cerrando la puerta a posibles desvíos internos. El caso permanece como un recordatorio de la porosidad en los controles de insumos industriales a nivel nacional.
