Madre de la niña Paulette demanda a Netflix por daño moral

Por Juan Pablo Ojeda

 

A más de 15 años del caso que conmocionó a México, el nombre de Paulette vuelve al centro del debate público. Esta vez no por nuevas investigaciones, sino por una demanda civil. Lizette Farah, madre de la menor, emprendió acciones legales contra Netflix y la productora Dinamo por la serie Historia de un crimen: La búsqueda, estrenada en 2020, al considerar que se utilizó su imagen sin autorización y que la producción le causó un grave daño moral.

El caso Paulette marcó a la opinión pública en 2010, cuando la niña de cuatro años, con discapacidad motriz y de lenguaje, fue reportada como desaparecida en su departamento de Huixquilucan, Estado de México. Tras una intensa búsqueda mediática y oficial, su cuerpo fue hallado nueve días después en su propia cama, un hecho que desató dudas, críticas a las autoridades y un juicio social permanente sobre sus padres.

De acuerdo con la defensa de Lizette Farah, la serie de Netflix no solo revive una tragedia personal, sino que la vuelve a colocar bajo sospecha ante millones de espectadores. Su abogado sostiene que la producción presenta una imagen distorsionada de su clienta, afectando su vida personal, familiar y profesional, además de exponerla a mensajes de odio, señalamientos y temor por su seguridad.

La demanda busca una reparación por daño moral y daño a la imagen, y plantea incluso la posibilidad de reclamar hasta el 40 por ciento de las ganancias generadas por la serie, bajo el argumento de que Farah no es una figura pública y nunca autorizó el uso de su identidad ni la representación de su historia en formato de ficción.

Uno de los elementos que la defensa considera clave es que, al final de la serie, se muestran imágenes reales de Lizette Farah junto a la actriz que la interpreta, lo que refuerza —según argumentan— la asociación directa entre el personaje y la persona real, amplificando el impacto negativo en la percepción pública.

Hasta ahora, ni Netflix ni la productora Dinamo han emitido una postura oficial. El caso abre nuevamente el debate sobre los límites entre la libertad creativa, el derecho a la información y la protección de la imagen y la dignidad de personas involucradas en hechos criminales que, pese al paso de los años, siguen dejando profundas heridas.

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