Por Juan Pablo Ojeda
El escenario de la conferencia matutina fue el foro donde la presidenta Claudia Sheinbaum desglosó la postura oficial ante el Departamento de Justicia de EE. UU. La mandataria confirmó que sostuvo una conversación privada con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, para transmitirle un mensaje de seguridad institucional frente a la solicitud de extradición que lo vincula con la facción criminal de «Los Chapitos».
«Si no hay nada, pues no hay nada que temer», fue la frase con la que la presidenta resumió su diálogo con el gobernador. Esta declaración busca apaciguar las turbulencias políticas en Sinaloa, donde la acusación de sobornos millonarios ha generado una crisis de legitimidad en el gabinete estatal, que incluye también al senador y exsecretario de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.
La desconfianza hacia la fiscalía estadounidense fue el eje de la intervención de Sheinbaum. Al mostrar el documento del Distrito Sur de Nueva York, la presidenta cuestionó la ausencia de pruebas contundentes, calificando el expediente como una recopilación de testimonios no verificados que no cumplen con los estándares del sistema penal acusatorio mexicano.
Fuentes internas de la FGR, encabezadas por el fiscal Ulises Lara, señalaron que la petición de extradición carece de los anexos técnicos necesarios. «Llegó sin evidencias», sentenció Lara, subrayando que cualquier intento de detención enfrentaría el obstáculo legal del fuero constitucional, cuya remoción depende de un proceso legislativo que aún no ha comenzado.
La respuesta de Sheinbaum también incluyó una crítica frontal a la diplomacia estadounidense. La presidenta calificó de intromisión la difusión pública de la orden de extradición por parte del embajador en turno, comparando la situación con incidentes de décadas pasadas que marcaron periodos de tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos.
En el centro del conflicto se encuentra la acusación de que el gobernador Rocha Moya habría colaborado directamente con los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Esta es la primera vez que un mandatario estatal en funciones es señalado de manera oficial por el gobierno estadounidense en una investigación de esta envergadura, lo que eleva el costo político de cualquier decisión.
La conclusión de Sheinbaum fue rotunda: México no permitirá que un gobierno extranjero decida el futuro político del país. Con el envío del caso a la FGR para una investigación independiente, el Gobierno Federal gana tiempo y refuerza su postura de autonomía, mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. enfrenta el reto de presentar pruebas que satisfagan a los jueces mexicanos.
