Por Bruno Cortés
En medio de la discusión que se avecina sobre una posible reforma electoral, diputados del PAN decidieron poner el foco en algo que suele quedar fuera del debate público: el dinero que se ha utilizado para construir esa propuesta. Los legisladores Federico Döring Casar y César Israel Damián Retes enviaron un oficio a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para pedir algo muy concreto: que se haga pública toda la información documental y presupuestal relacionada con el trabajo que ha realizado Pablo Gómez Álvarez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La pregunta que plantean los panistas es sencilla de entender para cualquier ciudadano: si el gobierno argumenta que la reforma busca “abaratar la democracia”, entonces primero debería explicar cuánto dinero se ha gastado en diseñarla. Según Döring, desde agosto pasado se han organizado foros, reuniones y consultas para recoger opiniones sobre cambios al sistema electoral, pero hasta ahora no se ha presentado formalmente la iniciativa. Por eso, dice, es importante saber cuánto costaron esos encuentros, quién participó y cuáles fueron las propuestas que realmente surgieron de la ciudadanía.
En paralelo, los diputados también enviaron una solicitud a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para que cuando llegue el momento de discutir la reforma electoral se haga con toda la información sobre la mesa. El argumento es que un cambio de este tamaño —que podría modificar reglas del juego democrático— no debería debatirse sin claridad sobre su proceso de elaboración.
Desde la perspectiva de Döring, si el gobierno federal habla constantemente de transparencia y ahorro, entonces tendría que demostrarlo abriendo las cuentas de este proceso. Incluso lanzó críticas directas contra Pablo Gómez, cuestionando cuánto se ha gastado en su salario, viajes y organización de foros para construir la reforma.
Por su parte, el diputado César Israel Damián Retes insistió en que el tema no es menor porque se trata de recursos públicos. En otras palabras, el dinero con el que se organizan consultas o se pagan equipos de trabajo sale de los impuestos de los ciudadanos. Por eso, dijo, el Congreso tiene la responsabilidad de revisar cómo se utilizó ese presupuesto antes de discutir cualquier iniciativa.
El legislador también recordó que han pasado alrededor de siete meses desde que comenzaron los trabajos para elaborar la propuesta de reforma electoral y, aun así, la iniciativa todavía no se presenta oficialmente. Esa demora, asegura, vuelve todavía más necesario saber qué ocurrió en esos foros y cuál fue el resultado real de las consultas que se realizaron.
Otro punto que ha generado debate es el tema de los diputados plurinominales. Damián Retes señaló que Pablo Gómez, quien en el pasado llegó al Congreso precisamente por esa vía, ahora plantea cambios que podrían reducir o modificar este tipo de representación. Para el PAN, esto abre una discusión de fondo sobre la pluralidad en el Congreso, ya que los plurinominales fueron diseñados para garantizar que minorías políticas también tengan voz en el Poder Legislativo.
En el fondo, lo que está ocurriendo es un choque político clásico en el Congreso: mientras el gobierno impulsa cambios al sistema electoral con el argumento de hacerlo más barato y eficiente, la oposición exige conocer los detalles del proceso y advierte que no respaldará la reforma si no hay transparencia en su elaboración.
Así, antes incluso de que la iniciativa llegue oficialmente a la Cámara de Diputados, el debate ya empezó. Y no solo sobre cómo debe cambiar el sistema electoral, sino sobre cuánto ha costado construir esa propuesta y qué tan abierto ha sido el proceso para los ciudadanos.
