Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados comenzó a tomar forma un nuevo esfuerzo político para enfrentar uno de los problemas más delicados del país: la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel, firmó junto con la titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio Ayala, el llamado Pacto nacional para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
El acuerdo no es solo un gesto político. La intención es construir una ruta de trabajo entre el Poder Legislativo y el gobierno federal para reforzar políticas públicas que prevengan, atiendan y erradiquen las distintas formas de violencia que enfrentan menores en México. Durante la firma, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rojo Pimentel dejó claro que desde la Cámara de Diputados existe disposición para empujar reformas y acciones concretas que respalden este compromiso.
Desde la perspectiva legislativa, este tipo de pactos sirven para algo muy específico: orientar futuras leyes, presupuestos y programas sociales. Es decir, no se quedan únicamente en el discurso, sino que buscan convertirse en iniciativas, reformas y políticas públicas que tengan impacto en la vida diaria de millones de familias.
Por su parte, Villavicencio Ayala explicó que el pacto fue impulsado originalmente por la Secretaría de Gobernación a finales del año pasado y tiene un objetivo central: atacar las distintas violencias que afectan a menores, desde el abuso infantil hasta la violencia dentro de los hogares o la vulnerabilidad que enfrentan muchos niños cuando el Estado no tiene mecanismos claros de protección.
Uno de los puntos que se busca reforzar desde el Congreso tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obliga al Estado mexicano a desarrollar una política pública específica para niñas y niños que quedan en situación de orfandad tras el feminicidio de sus madres. En términos simples, se trata de garantizar que esos menores no queden en el abandono institucional y cuenten con apoyo legal, social y económico.
Otro tema que se planteó durante la conferencia es la necesidad de agilizar los procesos para garantizar el pago de pensiones alimenticias. En muchos casos, las madres o los tutores enfrentan largos procesos legales para que los padres cumplan con sus obligaciones. Desde el Congreso se busca fortalecer mecanismos que obliguen a cumplir con esa responsabilidad.
La agenda también incluye la creación de espacios especializados para atender a menores víctimas de violencia dentro de fiscalías y tribunales en todo el país, algo que permitiría darles atención más adecuada y evitar procesos judiciales revictimizantes.
Además, se habló de impulsar políticas preventivas para combatir el abuso infantil y fortalecer modelos de crianza positiva, una estrategia que busca reducir la violencia dentro de los hogares. Según especialistas y legisladores, muchos de los problemas de violencia se originan en entornos familiares donde no existen herramientas adecuadas para la educación y el cuidado infantil.
El pacto también plantea acciones para enfrentar fenómenos que siguen presentes en varias regiones del país, como los matrimonios infantiles y los embarazos en menores de edad, prácticas que afectan gravemente el desarrollo de niñas y adolescentes.
Otro frente que empieza a cobrar relevancia es el entorno digital. Legisladores y autoridades reconocen que cada vez más niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en plataformas digitales, por lo que se analiza la necesidad de establecer regulaciones que protejan su seguridad y su bienestar en internet.
Dentro de las propuestas surgidas en este acuerdo también se planteó organizar el próximo 1 de abril una jornada nacional de promoción de derechos y valores dirigida a menores, con la intención de que conozcan sus derechos y sepan cómo exigirlos.
Uno de los conceptos que también se puso sobre la mesa es el combate al “adultocentrismo”, una visión en la que las decisiones se toman únicamente desde la perspectiva de los adultos, dejando fuera la voz de niñas, niños y adolescentes. La intención del pacto es reconocer que los menores también deben tener espacios de participación en temas que afectan su vida.
En términos políticos, el acuerdo busca sumar a instituciones federales, gobiernos estatales, municipios, congresos locales y organizaciones civiles. La lógica es que la protección de la infancia no puede depender únicamente de una dependencia o de un solo nivel de gobierno.
Desde el Congreso, la apuesta es que este pacto se traduzca en nuevas leyes, ajustes al presupuesto y políticas públicas más sólidas para proteger a la infancia. En un país donde millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan distintos tipos de violencia o vulnerabilidad, el desafío ahora será convertir los compromisos firmados en acciones concretas.
