Por Bruno Cortés
En el Congreso se está discutiendo una idea que, para muchas familias, puede sonar tan lógica como necesaria. La diputada priista Ana Isabel González González impulsa una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los gastos veterinarios de las mascotas puedan deducirse de impuestos, igual que hoy ocurre con algunos servicios médicos de las personas.
La propuesta parte de una realidad muy concreta: en México, siete de cada diez hogares viven con al menos una mascota. Ya no se trata solo de animales de compañía en un sentido tradicional, sino de integrantes de la familia que requieren cuidados médicos, vacunas, tratamientos, cirugías e incluso servicios funerarios. Todo eso cuesta, y no poco. El gasto anual por mascota puede ir de los 34 mil a los 42 mil pesos, una carga importante para cualquier economía familiar.
Lo que plantea la iniciativa es que esos gastos puedan restarse del ISR, siempre y cuando se cumplan reglas claras. Solo aplicaría para animales domésticos que no se usen con fines comerciales, de reproducción, exhibición o vigilancia. Además, sería obligatorio contar con factura emitida por un médico veterinario autorizado y registrar a la mascota en un padrón nacional que estaría a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con los estados.
Desde la óptica de política pública, la diputada sostiene que esta reforma busca equidad fiscal. Es decir, reconocer que las familias han cambiado y que hoy existen estructuras familiares donde las mascotas cumplen un papel central en lo afectivo y lo cotidiano. Si el Estado ya reconoce ciertos gastos indispensables de las personas, ¿por qué no reconocer también los costos que implica cuidar responsablemente a un animal de compañía?
En términos económicos, el beneficio no sería menor. Se calcula que la deducción podría representar un ahorro fiscal anual de entre 25 y 30 por ciento por cada mascota registrada, dependiendo del nivel de ingresos y el régimen fiscal del contribuyente. Eso aliviaría el bolsillo de millones de personas y, al mismo tiempo, incentivaría la formalización del sector veterinario, ya que habría más interés en solicitar comprobantes fiscales y en profesionalizar los servicios.
La iniciativa también dialoga con un cambio cultural y legal que ya está ocurriendo en distintas entidades del país, donde las mascotas han sido reconocidas como seres sintientes con derechos y necesidades específicas. Este nuevo enfoque ha impulsado una mayor demanda de servicios integrales, desde salud y alimentación especializada hasta seguros y cuidados emocionales.
Además, el crecimiento de la industria de productos y servicios para mascotas ha generado empleos y nuevas oportunidades en sectores como la salud, el comercio, los seguros, la tecnología y hasta el turismo. Para la legisladora, apoyar este ecosistema desde la política fiscal no solo es coherente con la realidad social, sino también con una visión económica moderna.
La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde se analizará su viabilidad. Si avanza, podría marcar un precedente en la forma en que el sistema fiscal mexicano reconoce a las mascotas: no como un lujo, sino como parte de la vida diaria de millones de familias.
