Por Juan Pablo Ojeda
Cuba vivirá este martes 10 de febrero de 2026 una de las jornadas más críticas en materia energética de su historia reciente. De acuerdo con cifras oficiales de la Unión Eléctrica (UNE), los apagones podrían dejar sin electricidad de manera simultánea a más del 64 por ciento del territorio nacional durante las horas de mayor demanda, un nivel nunca antes registrado en la isla.
La situación es el reflejo de una crisis energética profunda que arrastra el país desde mediados de 2024, pero que se ha agravado en las últimas semanas por el endurecimiento del cerco petrolero de Estados Unidos. A esto se suma la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 29 de enero, que busca impedir que terceros países envíen crudo a Cuba, cerrando aún más el acceso a combustibles esenciales para la generación eléctrica.
Para el horario pico de la tarde-noche, la UNE prevé una capacidad de generación de apenas mil 134 megavatios, frente a una demanda estimada de tres mil 100. La diferencia entre lo que se produce y lo que se necesita es abismal: un déficit cercano a los dos mil megavatios, lo que obliga a cortes programados masivos para evitar colapsos desordenados del sistema.
El problema no es solo la falta de combustible. Seis de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por fallas o mantenimientos, incluidas dos de las más grandes. Las termoeléctricas aportan cerca del 40 por ciento de la electricidad nacional, mientras que otro 40 por ciento dependía de la generación distribuida mediante motores, hoy completamente detenida. El propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que esta fuente lleva un mes paralizada por la falta de petróleo.
Ante este escenario, el gobierno cubano anunció un paquete de medidas de emergencia que refleja la gravedad del momento: se suspendió la venta minorista de diésel, la gasolina se racionó al máximo, no hay queroseno para vuelos comerciales, las oficinas públicas redujeron horarios, se prioriza el teletrabajo y los servicios estatales operan solo en lo indispensable.
Mientras el gobierno atribuye la crisis a las sanciones estadounidenses y habla de una “asfixia energética”, expertos independientes señalan un problema estructural más profundo: décadas de infrafinanciación de un sistema eléctrico totalmente estatal desde 1959. Estimaciones externas calculan que se necesitarían entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para rehabilitar de fondo la red eléctrica.
Los apagones no solo afectan la vida cotidiana. También golpean a una economía que, según cifras oficiales, se ha contraído más de 15 por ciento desde 2020 y han sido uno de los principales detonantes de las protestas sociales más relevantes de los últimos años. La crisis energética, más que un problema técnico, se ha convertido en un factor central de la estabilidad económica y política de Cuba.
