Por Bruno Cortés
En el Senado se está moviendo una pieza clave para la infraestructura del país, y aunque suena técnico, en realidad puede impactar directamente en cómo se construyen hospitales y obras públicas en México. La presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que ya llegó una minuta que busca reforzar las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
¿De qué va esto en pocas palabras? La propuesta plantea que la SICT tenga más margen de acción para participar en proyectos de obra pública, especialmente aquellos relacionados con servicios de salud. Es decir, no solo se encargaría de carreteras o comunicaciones, sino que podría entrarle de lleno a la construcción, rehabilitación o ampliación de hospitales y centros médicos.
La lógica detrás de esta reforma es bastante clara: centralizar capacidades técnicas y operativas en una dependencia que ya tiene experiencia ejecutando grandes obras. En teoría, esto ayudaría a que los proyectos se hagan más rápido, con mejor coordinación y menos trabas entre dependencias.
El proceso apenas comienza. La minuta será turnada a comisiones, donde se analizará, se discutirá y eventualmente se dictaminará. Ahí es donde se define si la propuesta se queda tal cual o sufre ajustes antes de votarse en el Pleno.
También hay un punto importante en términos de política pública: la reforma abre la puerta a una coordinación más directa entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—. Esto es clave porque muchas obras, sobre todo en salud, suelen atorarse justo por falta de coordinación o por duplicidad de funciones.
Ahora bien, aunque la intención es mejorar la eficiencia, el reto estará en la ejecución. Darle más atribuciones a una dependencia no garantiza automáticamente mejores resultados; todo dependerá de cómo se implementen estos cambios y si realmente se logra reducir la burocracia que históricamente ha frenado proyectos públicos.
En el fondo, esta reforma busca algo sencillo pero difícil de lograr en la práctica: que las obras públicas —especialmente las que impactan en servicios básicos como la salud— se construyan mejor, más rápido y con mayor coordinación institucional.
