Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una misiva oficial al gobierno de Estados Unidos para exigir el esclarecimiento del deceso de 15 ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), registrados desde enero de 2025.
El anuncio oficial, emitido este 14 de abril, responde a la falta de resoluciones técnicas sobre las causas de muerte. La mandataria precisó que la red consular mexicana modificará sus protocolos logísticos: las inspecciones a las instalaciones de retención migratoria, previamente programadas con periodicidad semanal, se ejecutarán diariamente por personal diplomático acreditado.
El incremento en las métricas de letalidad intramuros coincide con el endurecimiento de los operativos de detención implementados tras el retorno de Donald Trump al poder Ejecutivo estadounidense. El caso más reciente documentado por la Cancillería corresponde a un connacional fallecido el lunes previo en un complejo penitenciario habilitado por ICE en el estado de Luisiana.
La nota diplomática, categorizada como «muy fuerte» por la titular del Ejecutivo mexicano, busca forzar la apertura de los expedientes forenses. El Estado mexicano requiere que las autoridades federales estadounidenses determinen las condiciones biomédicas y de seguridad que precedieron a cada uno de los 15 fallecimientos contabilizados en los últimos quince meses de operación fronteriza.
A nivel procedimental, el gobierno de México inició la estructuración de expedientes para escalar el conflicto a tribunales multilaterales. Las dependencias jurídicas de la Cancillería preparan recursos de revisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y evalúan mecanismos de denuncia formal ante el sistema de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El requerimiento primario de la administración de Sheinbaum establece que la carga procesal recae sobre el sistema de justicia estadounidense. Se exige una auditoría independiente de los protocolos de control de ICE para descartar estadísticamente factores de maltrato físico, omisión de asistencia médica o violaciones sistemáticas a los derechos procesales de los internos.
Esta ofensiva legal y consular subraya la divergencia técnica entre la política migratoria de ambos países. El gobierno mexicano ha dejado constancia en actas bilaterales de su rechazo a las estrategias de detención masiva, argumentando que la falta de documentación migratoria constituye una falta administrativa civil y no un delito que justifique la reclusión en instalaciones de alta seguridad.
