Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación de oficio por la probable comisión de delitos tipificados como maltrato animal. La acción judicial se centra en el sacrificio masivo de fauna doméstica ejecutado en el municipio de Tecámac durante la administración local anterior.
El procedimiento penal clasifica la conducta investigada bajo una agravante jurídica específica. El Código Penal del Estado de México establece el incremento de las sanciones cuando los actos son ordenados o ejecutados por un servidor público en funciones, situación que eleva la pena máxima aplicable a seis años de prisión.
El detonante de la intervención ministerial fue la declaración pública de la actual senadora Mariela Gutiérrez Escalante. La legisladora admitió que, durante su periodo como presidenta municipal de Tecámac, giró la instrucción administrativa para sacrificar a una cifra superior a los 10 mil perros y gatos en centros de control canino.
La funcionaria fundamentó la orden ejecutiva argumentando un estado de salud deficiente en los ejemplares sacrificados. Sin embargo, los registros documentales de las dependencias estatales presentan discrepancias operativas con la declaración de la exalcaldesa respecto a los protocolos sanitarios aplicados.
Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos ocurrios en el municipio de #Tecámac, #EdoMéx, la #FiscalíaEdoMéx dio inicio a una investigación de… pic.twitter.com/uqFnRK4ndr
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 16, 2026
Inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) emitieron reportes que contradicen la versión municipal. Los funcionarios ambientales señalaron que el volumen de sacrificios se ejecutó sin la elaboración de diagnósticos médicos veterinarios previos que justificaran la eutanasia clínica en cada expediente.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino en la coyuntura jurídica durante su conferencia matutina. La mandataria eximió de responsabilidad penal a Gutiérrez Escalante, argumentando que la exalcaldesa operó bajo el amparo de una norma municipal vigente en ese momento, descartando la violación sistemática de la ley penal.
No obstante, el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de actualizar el marco regulatorio. Sheinbaum puntualizó que las prácticas de control poblacional deben transitar hacia la protección de los «seres sintientes», instando a los congresos locales a generar normativas que prioricen la vida saludable de los animales frente a los métodos de sacrificio masivo.
