Por Juan Pablo Ojeda
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puso sobre la mesa un mensaje claro: el caso de la explosión del coche en Coahuayana no está cerrado y el gobierno federal quiere saber exactamente qué ocurrió. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación y que se están realizando nuevos peritajes para reconstruir el hecho que dejó cinco muertos y sembró preocupación en la región.
Lo primero que dejó claro Harfuch es que no se trata de un coche bomba “abandonado”, como se manejó inicialmente. Según los avances presentados por la Fiscalía de Michoacán, el vehículo venía desde Colima y llevaba a dos personas a bordo. Es al llegar y estacionarse cuando ocurre la explosión, lo que abre la puerta a otras hipótesis que requieren un análisis técnico más profundo. Con eso, el gobierno busca evitar conclusiones apresuradas y entender si el artefacto fue activado por terceros o si pudo detonarse por la inestabilidad de los explosivos.
Harfuch insistió en que dar información no significa cantar victoria. El llamado Plan Michoacán, explicó, no es un operativo temporal ni un anuncio político: es una estrategia integral que mezcla seguridad, presencia territorial y coordinación con autoridades locales. La meta no es menor: reducir homicidios, frenar hechos violentos de alto impacto y desactivar la disputa criminal que opera como telón de fondo en la región.
El secretario también detalló el contexto: en Michoacán, como en buena parte del país, los grupos criminales pelean por control territorial, porque de ahí se deriva todo lo demás —extorsiones, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas—. En este caso, dijo, las rivalidades involucran a células afines al Cártel Jalisco, al Cártel de Tepalcatepec y a Cárteles Unidos, organizaciones en pugna constante por municipios clave y rutas estratégicas.
El panorama reciente tampoco ayuda a bajar la tensión. Harfuch confirmó que el lunes pasado se aseguraron varios artefactos explosivos improvisados tanto en Michoacán como en Sinaloa. No es un incidente aislado, recalcó, sino parte de una tendencia detectada en los últimos meses: el uso creciente de explosivos caseros, ya sea en vehículos o incluso en drones fabricados de manera artesanal. En más de un caso, señaló, estos dispositivos han detonado por error entre las propias células criminales debido a su enorme inestabilidad.
La obligación del Estado, insistió, es seguir investigando, ajustar estrategias y mantener la presión en las zonas de mayor riesgo. Para el gobierno, el mensaje es que el combate a la violencia no puede depender solo del despliegue de fuerzas; requiere inteligencia, coordinación y una lectura clara del territorio. Por ahora, el caso Coahuayana seguirá bajo lupa federal, mientras Michoacán continúa en el centro de atención por la complejidad criminal que enfrenta y por los riesgos que esto implica para la población.
