La delegación de Washington que aterriza mañana en territorio nacional no trae consigo propuestas, sino una lista de verificación jurídica que México difícilmente podrá sortear con retórica nacionalista. La revisión del T-MEC se ha desplazado del terreno de la diplomacia al de la auditoría técnica estricta, donde las filtraciones sobre exigencias en materia de energía y maíz transgénico revelan una vulnerabilidad crítica: el incumplimiento de las cláusulas de trato nacional y evidencia científica. La postura estadounidense es pragmática; consideran que el decreto mexicano contra el maíz biotecnológico carece de sustento en el Capítulo 9 sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, mientras que la política energética actual choca con el compromiso de no discriminación a la inversión extranjera. El riesgo no es meramente una disputa administrativa, sino la activación de aranceles de represalia que, de ejecutarse, erosionarían de manera inmediata el Producto Interno Bruto, encareciendo la cadena de valor automotriz y agroindustrial hasta niveles de pérdida de competitividad global.
Desde la Secretaría de Economía se intenta proyectar una imagen de control, pero el «Plan B» parece ser una entelequia frente a la dependencia del 80% de nuestras exportaciones hacia el mercado estadounidense. No existe una diversificación comercial capaz de absorber el impacto de un fallo adverso en los paneles de resolución de controversias. Mientras este incendio se gesta en la frontera, en el corazón del Estado mexicano se vive una parálisis de otra índole. La llegada de los jueces electos por voto popular ha derivado en un cuello de botella histórico reportado por el Consejo de la Judicatura. La curva de aprendizaje de los nuevos titulares de los juzgados ha detenido la maquinaria de justicia, transformando los tribunales en depósitos de expedientes sin resolución. No se trata de una resistencia política, sino de una incapacidad operativa derivada de la erosión de la carrera judicial y la memoria técnica necesaria para dictar sentencias en materias de alta complejidad.
Esta parálisis tiene un costo humano y jurídico devastador. Amparos urgentes relacionados con el acceso a medicamentos oncológicos y suspensiones contra actos de autoridad arbitrarios permanecen en el limbo porque los nuevos jueces carecen del rigor procesal para fundamentar decisiones que no sean revocadas de inmediato. La justicia retardada es, en la práctica, justicia denegada, y para el ecosistema de inversión, esto representa una señal de alerta máxima. La certeza jurídica no depende solo de que las leyes existan, sino de que el sistema encargado de aplicarlas funcione con la precisión de un reloj. Hoy, México se encuentra atrapado entre la espada de una potencia comercial que exige cumplimiento técnico y la pared de un sistema judicial interno que, en su intento de democratizarse, ha perdido la brújula de la operatividad, poniendo en riesgo tanto la estabilidad macroeconómica como los derechos fundamentales de la ciudadanía.
