Con unanimidad de votos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta federal que reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio, con lo que se abre la puerta a la expedición de una Ley General que homologue criterios, tipos penales y sanciones en todo el país.
En sesión como parte del Constituyente Permanente, el órgano legislativo local avaló con 50 votos a favor —sin votos en contra ni abstenciones— el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, derivado de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Senado el pasado 31 de marzo. La reforma busca facultar al Congreso de la Unión para legislar de manera integral en esta materia.
Durante la discusión, 16 diputadas de distintas fuerzas políticas subieron a tribuna para fijar postura. Legisladoras de Morena, PAN, PRI, MC, PT y PVEM coincidieron en la urgencia de atender el feminicidio como una problemática estructural, aunque manifestaron diferencias respecto a la efectividad de la reforma frente a las fallas en procuración de justicia.
Desde la bancada mayoritaria, se destacó que la modificación constitucional permitirá reconocer el feminicidio no como un hecho aislado, sino como la expresión más extrema de violencia de género, vinculada a contextos de desigualdad y violencia sistemática. Asimismo, se subrayó que la futura ley general contribuirá a unificar criterios jurídicos y fortalecer el marco normativo.
Por su parte, legisladoras de oposición advirtieron que la homologación legal no será suficiente si no se traduce en acciones concretas por parte de las fiscalías. Señalaron que la impunidad, la falta de investigación con perspectiva de género y la revictimización siguen siendo obstáculos persistentes en el acceso a la justicia para las mujeres.
En el debate también se reconoció el papel del movimiento feminista y de las familias de víctimas, cuya exigencia ha sido clave para visibilizar el problema y presionar por cambios legislativos. No obstante, algunas voces insistieron en que la creación de una ley general debe acompañarse de políticas públicas efectivas, presupuesto suficiente y mecanismos de evaluación.
De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, esta reforma representa un avance en la construcción de un andamiaje legal más sólido para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Sin embargo, especialistas y legisladoras coinciden en que el verdadero desafío radica en su implementación a nivel local y en la capacidad institucional para garantizar justicia.
La minuta será turnada a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación, como parte del proceso de reforma constitucional. En caso de alcanzar la mayoría requerida, el Congreso de la Unión podrá emitir la primera Ley General en materia de feminicidio, un instrumento largamente demandado por organizaciones civiles y organismos de derechos humanos.
