La suspensión de actividades académicas y administrativas se formalizó con la colocación de banderas rojinegras en los accesos de los 17 planteles de la capital y tres más en el Estado de México. La decisión fue avalada por 76 votos a favor durante la asamblea sindical realizada un día antes, de acuerdo con información del propio sindicato.
Entre las principales causas del paro, el SINTCB señala la retención de 241 plazas administrativas desde junio de 2025, lo que, afirman, constituye una violación a la cláusula 2 del CCT. Asimismo, demandan el pago retroactivo de diferencias salariales derivadas de procesos de recategorización pendientes desde agosto del mismo año.
El sindicato también rechaza la propuesta institucional de diferir dichos pagos hasta febrero de 2026, al considerar que contraviene la cláusula 81 del contrato colectivo. A estas exigencias se suman denuncias por irregularidades laborales, adeudos contractuales y fallas administrativas que, aseguran, han deteriorado la operatividad de los planteles.
El impacto inmediato de la huelga es la suspensión total de clases y servicios en todos los centros educativos del sistema, lo que afecta a miles de estudiantes de nivel medio superior. Actividades escolares programadas, incluidas ceremonias y procesos administrativos, han sido reprogramadas hasta nuevo aviso.
Hasta el 20 de marzo de 2026, no se reportan avances significativos en las negociaciones entre las partes. El paro laboral continúa vigente, en un contexto de creciente presión por parte de la comunidad estudiantil y padres de familia, quienes demandan una pronta solución que permita la reanudación de actividades.
Por su parte, el Colegio de Bachilleres reiteró, en comunicados oficiales, su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos “financieramente sostenibles”. La institución destacó acciones previas como la regularización de 477 docentes y la homologación salarial en diversos niveles, como muestra de su compromiso con la base trabajadora.
Fuentes institucionales señalan que el análisis del pliego petitorio sigue en curso y que cualquier resolución deberá apegarse a la viabilidad presupuestal. No obstante, el sindicato insiste en que el cumplimiento íntegro del contrato colectivo es una obligación legal y no una concesión sujeta a negociación.
El conflicto evidencia tensiones estructurales en el sistema educativo público, donde la falta de cumplimiento contractual y los rezagos administrativos continúan generando conflictos laborales con repercusiones directas en el derecho a la educación.
