La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en marzo de 2026 los delitos de alto impacto en la capital registraron una disminución del 66% en comparación con el mismo mes de 2019, así como una baja del 6% respecto a 2025, de acuerdo con cifras oficiales del gabinete de seguridad local.
Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria aseguró que los resultados reflejan la consolidación de la estrategia de seguridad basada en inteligencia, fortalecimiento policial, atención a las causas y coordinación interinstitucional. Según datos del gobierno capitalino, el promedio diario de estos delitos pasó de 50 en 2019 a niveles considerablemente menores en la actualidad.
Uno de los indicadores clave, el homicidio doloso, se ubicó en marzo de 2026 como el nivel más bajo desde 2022, con un promedio diario de 2.2 casos. Esto representa una reducción del 8% frente a 2025 y del 58% en comparación con 2019. Autoridades capitalinas han señalado que este delito es uno de los más confiables para medir la violencia, al no presentar subregistro significativo, según criterios de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, atribuyó la reducción a la detención de generadores de violencia, con 62 objetivos prioritarios capturados en la actual administración, incluidos seis en marzo. Estas acciones, sostuvo, han permitido debilitar estructuras delictivas responsables de hechos violentos.
En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, reportó un incremento en órdenes de aprehensión y capacidades de investigación. Entre enero y marzo de 2026, las órdenes cumplimentadas por delitos de alto impacto crecieron 8.4% respecto a 2025 y 77.7% frente a 2019, lo que, según la institución, contribuye a reducir la impunidad.
En cuanto al robo de vehículo, el gobierno local informó una disminución del 62% frente a 2019 y del 22% respecto a 2025, con una reducción aún mayor —de hasta 85%— en su modalidad con violencia. Las autoridades destacaron la recuperación de más de 5 mil 600 unidades en la actual administración y el cumplimiento de más de un centenar de órdenes de aprehensión por este delito en el primer trimestre del año.
Además, se reportaron 9 mil 916 detenciones por delitos de alto impacto y la desarticulación de 39 células criminales, cifras que, de acuerdo con el gobierno capitalino, reflejan un fortalecimiento en la impartición de justicia. Sin embargo, especialistas en seguridad han señalado que el número de detenciones no necesariamente se traduce en sentencias firmes, por lo que el seguimiento judicial sigue siendo un indicador clave.
La extorsión fue identificada como uno de los delitos prioritarios. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, se detuvo a 335 personas por este ilícito, mientras que las órdenes de aprehensión aumentaron 170% respecto a 2019. No obstante, este delito continúa siendo uno de los más sensibles por su impacto directo en comercios y ciudadanía, y por los retos en su denuncia.
Las autoridades también informaron sobre decomisos relevantes, incluyendo 79 toneladas de mercancía ilegal y 25 toneladas de productos apócrifos, con un valor estimado superior a 15 millones de pesos, así como operativos contra el narcomenudeo. Paralelamente, se implementaron más de 3 mil sanciones disciplinarias contra elementos policiales, incluidas destituciones y órdenes de aprehensión, como parte de la depuración institucional.
En materia de procuración de justicia, la fiscalía reportó 581 sentencias en marzo, de las cuales el 91% fueron condenatorias. A ello se suman programas sociales y de prevención como “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y acciones territoriales coordinadas por el gobierno capitalino, que buscan atender factores estructurales de la violencia, según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Pese a los avances reportados, analistas advierten que la sostenibilidad de la reducción delictiva dependerá de mantener la coordinación entre instituciones, mejorar la confianza ciudadana en la denuncia y fortalecer el sistema de justicia para evitar la reincidencia. Asimismo, subrayan la necesidad de evaluar de forma independiente las cifras oficiales y su impacto real en la percepción de seguridad.
