En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a que la movilización prevista para el próximo 8 de marzo se desarrolle de manera pacífica, al tiempo que informó sobre la preparación de un operativo especial coordinado desde el Gabinete de Construcción de Paz. La mandataria subrayó que se trata de “un momento de expresión de las mujeres y de una lucha tan importante para la ciudad, el país y el mundo”.
Durante conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que el gobierno capitalino busca garantizar tanto la libre manifestación como la seguridad de asistentes y terceros. Señaló que, además del despliegue operativo, el Gabinete de Mujeres trabaja en una serie de propuestas que se implementarán durante marzo, entre ellas una campaña de difusión de derechos con el objetivo de posicionar a la capital como referente en materia de igualdad de género.
La mandataria recordó que en la ciudad se mantiene vigente la Alerta por Violencia contra las Mujeres, mecanismo activado desde 2019, y que su administración continúa a la espera de modificaciones legislativas por parte del Congreso de la Ciudad de México respecto a iniciativas enviadas para fortalecer sanciones contra el acoso sexual. De acuerdo con información oficial del propio Congreso, dichas reformas buscan robustecer el marco penal y ampliar mecanismos de protección.
En materia de procuración de justicia, la titular del Ejecutivo local afirmó que se han registrado avances en judicializaciones por feminicidio. Según datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los últimos años se ha incrementado el número de carpetas que llegan a proceso; sin embargo, colectivos feministas han señalado que el desafío radica en mejorar la prevención, la atención temprana y la reducción sostenida de la impunidad.
Las cifras oficiales muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructural. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado que los delitos relacionados con violencia familiar, abuso sexual y violación mantienen niveles relevantes en la capital y el país, lo que coloca el debate más allá de la logística de una movilización anual.
En este contexto, la convocatoria a una marcha pacífica ocurre en un escenario de alta sensibilidad social. Las movilizaciones del 8M en años anteriores han combinado expresiones culturales, denuncias públicas y exigencias de justicia, pero también han estado marcadas por tensiones en materia de seguridad y protección de inmuebles. El gobierno local insiste en que el operativo buscará privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
Especialistas en género consultados en distintos foros académicos han señalado que la eficacia de las políticas públicas debe medirse no sólo por campañas de difusión, sino por indicadores verificables como reducción de feminicidios, mejora en tiempos de investigación y acceso efectivo a servicios de atención integral. En ese sentido, el 8M representa tanto una jornada de expresión como una evaluación pública de las acciones gubernamentales.
Así, mientras la administración capitalina se prepara para la movilización del 8 de marzo con un llamado a la paz, el trasfondo permanece: garantizar seguridad sin inhibir la protesta y traducir los compromisos institucionales en resultados tangibles frente a la violencia de género.
