La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunció la articulación de una estrategia gubernamental destinada a inhibir el escrutinio público y la fiscalización del uso de recursos estatales mediante la descalificación sistemática de la prensa de investigación.

Desde la sede del Congreso de la Unión, López Rabadán sostuvo que el aparato gubernamental utiliza la tribuna pública para estigmatizar a comunicadores que exponen casos de corrupción y abuso de autoridad, sustituyendo la obligación de rendir cuentas por campañas de desacreditación dirigidas contra medios independientes.

La legisladora fiscalizó las recientes iniciativas locales orientadas a matricular a los informadores, señalando que la imposición de requisitos burocráticos busca facultar al Estado para decidir qué investigaciones merecen cobertura y qué profesionales pueden acceder a la información gubernamental.

López Rabadán advirtió que la restricción a las garantías informativas en México no se produce mediante decretos abruptos, sino a través de un desgaste progresivo compuesto por procedimientos administrativos, amenazas de sanción, demandas por acoso judicial e incertidumbre sobre las reglas de operación periodística.

La presidenta de la Mesa Directiva enfatizó que en una democracia funcional la labor de investigación sobre el ejercicio del gasto y los actos de gobierno no constituye una amenaza contra la estabilidad institucional, sino el mecanismo fundamental de la ciudadanía para conocer la conducción del Estado.

Durante su mensaje, la legisladora remarcó que las estructuras de seguridad del país deben enfocar sus instrumentos de inteligencia y protección en perseguir a las redes criminales que atentan contra la vida de los reporteros, frenando la utilización de recursos públicos para la vigilancia de comunicadores incómodos.

El posicionamiento emitido en el Palacio Legislativo concluyó con una llamada a la sociedad civil para evitar la normalización del amedrentamiento oficial, advirtiendo que el objetivo final del acoso desde el poder es instalar el silencio social mediante la propagación del temor a las consecuencias legales y físicas de informar.