El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará un nuevo reto rumbo a las elecciones de 2027: revisar la integridad de quienes busquen un cargo de elección popular para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada o conductas irregulares.

La nueva responsabilidad deriva de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ordena al organismo crear mecanismos para analizar el perfil de las candidaturas. Sin embargo, especialistas advierten que el INE asumirá esta tarea sin un aumento de presupuesto, sin nuevas facultades legales y con antecedentes de negativas por parte de diversas autoridades para entregar información clave.

Crearán una Comisión de Verificación de Integridad

Como parte de la reforma, el INE deberá integrar una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, encargada de analizar los perfiles de miles de aspirantes a cargos federales y locales.

Para realizar esa evaluación, el instituto tendrá que solicitar información a instituciones relacionadas con la seguridad pública, la procuración de justicia, la inteligencia y el sistema financiero, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estatales.

El objetivo será elaborar análisis de riesgo que permitan detectar posibles antecedentes o indicios relacionados con actividades ilícitas.

Especialistas advierten dependencia de otras autoridades

El exfiscal especializado en delitos electorales Héctor Díaz Santana consideró que la efectividad de la nueva comisión dependerá completamente de la disposición de otras instituciones para compartir información.

«Esta comisión va a depender de la información que le den instancias de seguridad y justicia como la Fiscalía, la UIF o cuerpos de inteligencia. Dependerá totalmente de otras instancias para poder hacer su trabajo efectivo», señaló.

No obstante, recordó que los partidos políticos podrán registrar candidatos que únicamente sean objeto de investigaciones o sospechas, ya que la legislación no impide su postulación mientras no exista una sentencia judicial firme.

El INE ya enfrenta obstáculos para obtener información

La dificultad para acceder a datos de otras dependencias no es un escenario nuevo para el organismo electoral.

Aunque la ley faculta al INE para solicitar información bancaria, fiscal y fiduciaria durante investigaciones relacionadas con la fiscalización electoral, diversas autoridades han retrasado o negado la entrega de información.

Entre los casos más conocidos se encuentran expedientes vinculados con Pío López Obrador y Martín López Obrador, hermanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en los que el instituto enfrentó obstáculos para obtener datos de la Fiscalía General de la República.

Estas controversias derivaron incluso en resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Tribunal Electoral respaldó las facultades del INE

En la Jurisprudencia 10/2022, el TEPJF determinó que la FGR debe proporcionar al INE la información necesaria para que ejerza sus funciones constitucionales en materia de fiscalización e investigación electoral.

Pese a ello, los conflictos entre ambas instituciones han continuado.

El 24 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del INE acordó promover un juicio electoral por la falta de respuesta de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, mientras que recientemente la Comisión de Quejas propuso remitir un expediente a la Secretaría Anticorrupción por retrasos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en responder solicitudes de información.

Según el instituto, algunas respuestas fueron entregadas dos meses después del plazo legal de cinco días.

Miles de candidaturas deberán revisarse en pocos días

Otro de los desafíos será el tiempo disponible para revisar los perfiles.

Con base en el calendario utilizado en las elecciones federales de 2024, el periodo entre el cierre del registro de candidaturas y la aprobación de las mismas fue de aproximadamente 15 días.

En ese lapso, el INE tendría que revisar miles de aspirantes a diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y otros cargos de elección popular.

De acuerdo con Héctor Díaz Santana, solo para la elección de diputaciones federales podrían analizarse más de 4 mil candidaturas, además de cientos de cargos locales. Tan solo Oaxaca cuenta con más de 500 presidencias municipales.

Por ello, propuso instalar cuanto antes la nueva comisión, desarrollar un sistema digital para recibir la documentación de partidos y candidatos, y ajustar los calendarios electorales para permitir revisiones más amplias.

El reto será definir indicadores de riesgo

Además de obtener información oportuna, el organismo deberá establecer los criterios con los que evaluará los perfiles.

Entre los elementos que podrían considerarse están:

  • Denuncias o investigaciones penales.
  • Procesos judiciales abiertos.
  • Demandas civiles o mercantiles.
  • Condición de deudor alimentario.
  • Otros indicadores de riesgo previstos por la legislación.

Asimismo, deberá celebrar convenios con instituciones como la UIF, la FGR y autoridades estatales para agilizar los tiempos de respuesta.

Expertos cuestionan la efectividad de la reforma

El exconsejero electoral Javier Santiago Castillo advirtió que la nueva atribución podría generar expectativas que el INE no está en condiciones jurídicas de cumplir.

A su juicio, el instituto no podrá negar registros únicamente por sospechas, ya que esa decisión requeriría resoluciones judiciales definitivas.

«Jurídicamente no es una norma eficaz; si detecta indicios de vínculos con la delincuencia no podrá hacer nada si no existe una sentencia. Todo quedará en manos de los partidos», afirmó.

Por su parte, Héctor Díaz Santana consideró que la creación de la comisión representa un avance institucional, pero advirtió que, sin recursos adicionales, personal especializado y cooperación efectiva entre autoridades, el mecanismo corre el riesgo de convertirse únicamente en un procedimiento administrativo sin resultados concretos.