La renovación de la dirigencia de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) abre un nuevo periodo de negociación fiscal entre el orden de gobierno de proximidad y la federación. La asunción de Ricardo Moreno como copresidente y de Janecarlo Lozano Reynoso como presidente nacional marca una estrategia dirigida a fiscalizar el reparto de fondos federales destinados a infraestructura básica.
Lozano Reynoso, quien también ejerce como alcalde en Gustavo A. Madero, puntualizó que la prioridad de la asociación será la defensa de los recursos destinados al agua potable, seguridad pública y desarrollo social. La agenda de la CONAMM busca contrarrestar las limitaciones presupuestales que enfrentan más de 2 mil 400 gobiernos locales frente a las cargas regulatorias federales.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, intervino en el acto oficial para delimitar la postura del partido gobernante respecto al municipalismo. Brugada urgió a los alcaldes a comprometerse con esquemas de justicia social y pacificación, condicionando el respaldo político de la federación a la entrega de servicios públicos transparentes y libres de corrupción.
El posicionamiento de Toluca en la mesa directiva implica un escrutinio directo sobre el uso de recursos federales en la capital del Estado de México. Al proponer el modelo toluqueño como réplica nacional, la administración local se obliga a mantener estándares de auditoría limpia y rendición de cuentas que resistan las evaluaciones de los órganos superiores de fiscalización.
La CONAMM ha enfrentado críticas por operar en administraciones previas como un bloque de presión política en lugar de un órgano técnico de desarrollo. La nueva directiva tendrá que demostrar la viabilidad de sus esquemas de cooperación internacional, garantizando que el acceso a fondos extranjeros no genere compromisos financieros opacos para las haciendas locales.
El marco legal vigente mandata que los ayuntamientos son el primer punto de contacto con la ciudadanía, pero reciben menos del 10% de la recaudación fiscal participable. La estrategia planteada por Moreno y Lozano contempla la presentación de iniciativas técnicas ante el Congreso de la Unión para modificar los criterios de distribución del pacto fiscal.
La fiscalización de los servicios públicos municipales será el indicador principal para evaluar la efectividad de la nueva dirigencia de la CONAMM. La presión ciudadana por desabasto de agua y deficiencias en el patrullaje obliga a los alcaldes de la conferencia a pasar del discurso gremial a la ejecución transparente de presupuestos antes del cierre del año fiscal 2026.
