Carlos Lara Moreno
La presidenta abre la puerta a la fractura hidráulica pese al discurso histórico de Morena contra esa técnica. El argumento oficial es reducir la dependencia de gas de Estados Unidos, pero persisten vacíos legales, dudas técnicas y una promesa aún no demostrada: que existe un “fracking limpio”.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de convocar a universidades públicas y centros de investigación para evaluar la explotación de gas no convencional mediante fracking marca uno de los virajes más delicados de su naciente sexenio: pasar de la condena política y ambiental de esa técnica a justificar su eventual uso bajo la bandera de la soberanía energética.
El cambio no es menor. Durante años, Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hicieron del rechazo al fracking una bandera política. Incluso en 2024 se impulsó una reforma constitucional para prohibirlo. Esa reforma no prosperó, pero dejó clara la narrativa oficial de entonces: el fracking era sinónimo de contaminación, sobreexplotación de agua y daño social. Hoy, el mismo movimiento lo presenta como opción estratégica.
La principal justificación presidencial es que México depende en 75% del gas natural importado desde Estados Unidos. El dato, en términos generales, coincide con cifras difundidas por el propio gobierno y reportes recientes: México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios y produce cerca de 2.3 mil millones; el resto se importa, principalmente desde Texas. El problema no es tanto el dato, sino la conclusión automática: dependencia no equivale necesariamente a que el fracking sea la única salida.
Ahí aparece la primera evasiva oficial. El gobierno plantea el debate como si sólo existieran dos caminos: seguir comprando gas a Estados Unidos o fracturar lutitas en territorio nacional. Omite otras rutas estructurales: almacenamiento estratégico, eficiencia energética, reducción de fugas, modernización de redes eléctricas, aceleración renovable, cogeneración y diversificación de proveedores. Es una dicotomía políticamente útil, pero técnicamente incompleta.
La segunda contradicción está en el discurso climático. Sheinbaum insiste en que México mantendrá su meta de 40 a 45% de generación limpia hacia 2030, mientras abre la puerta a una expansión fósil. Ambos objetivos pueden coexistir en teoría si el gas funciona como respaldo temporal; sin embargo, en la práctica compiten por inversión pública, infraestructura y tiempo político. Cada peso destinado a gasoductos, perforación o subsidios al gas es un peso que no va a almacenamiento, transmisión o renovables.
La tercera zona gris es la promesa de un “fracking moderno” o menos contaminante. Sheinbaum sostiene que hoy existen químicos biodegradables, reciclaje de agua y mejores prácticas. Eso puede reducir impactos, pero no elimina los riesgos centrales señalados por especialistas y centros de análisis: alto consumo hídrico, manejo complejo de aguas residuales, fugas de metano, integridad de pozos y conflictividad territorial. No hay consenso científico que permita afirmar que existe un fracking inocuo.
Además, la geografía mexicana complica la narrativa oficial. Buena parte de las cuencas con potencial no convencional se ubican en estados del norte con estrés hídrico recurrente. Ofrecer “reúso en circuitos cerrados” suena atractivo, pero todavía falta demostrar viabilidad económica y operativa a gran escala en regiones donde el agua ya es factor de tensión social.
El anuncio también intenta blindarse políticamente al incorporar a la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y otros organismos. La ciencia como respaldo da legitimidad, pero no sustituye la decisión política. Un comité puede evaluar riesgos y escenarios; quien asume el costo político de autorizar proyectos será el gobierno federal.
Otro punto débil es la consulta comunitaria prometida por la mandataria. Decir que “no se pasará por encima de ninguna comunidad” suena correcto, pero México arrastra un largo historial de consultas cuestionadas en megaproyectos energéticos e infraestructura. El reto no es anunciar diálogo, sino garantizar procesos previos, libres, informados y con posibilidad real de veto.
En el fondo, el giro revela una tensión clásica entre pragmatismo y discurso. Sheinbaum heredó un sistema eléctrico altamente gasificado y una economía integrada al mercado energético estadounidense. Frente a esa realidad, optó por flexibilizar principios que antes parecían intocables. El problema para Palacio Nacional no es sólo técnico: es narrativo. Tendrá que explicar por qué lo que ayer era ambientalmente inaceptable hoy se volvió estratégicamente necesario.
La discusión real ya no es si cambió de postura. Eso es evidente. La pregunta es si el gobierno puede demostrar con datos independientes que el beneficio económico supera los costos ambientales, hídricos y sociales. Si no lo logra, el fracking no será símbolo de soberanía, sino de incongruencia.
