Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó este martes que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) estructuran nuevas líneas de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad. La declaración gubernamental ocurre tras la cumplimentación de una cuarta orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas contra el exfuncionario.
Bermúdez Requena, identificado en reportes de inteligencia bajo los alias de «El Abuelo» o «Comandante H», enfrenta actualmente la causa penal 213/2025 en el fuero común. Los delitos imputados incluyen asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, cargos derivados de su presunta operatividad como líder de la organización criminal autodenominada «La Barredora» durante su periodo en la administración pública.
El proceso judicial del ex mando policial atraviesa una fase procesal crítica. Tras su vinculación a proceso en septiembre de 2025, el plazo otorgado para las investigaciones complementarias, que incluyó una prórroga de tres meses solicitada por la representación social, concluyó formalmente el pasado 24 de marzo. A partir de esta fecha, la FGE cuenta con un margen legal de 15 días hábiles para presentar el pliego de acusación definitivo.
De manera paralela a los procesos estatales, la FGR mantiene una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. Sin embargo, la ejecución de este mandamiento federal se encuentra suspendida debido a un juicio de amparo promovido por la defensa legal de Bermúdez Requena, lo que impide su procesamiento inmediato bajo estas causales.
En materia de jurisdicción internacional, el imputado inició a principios de marzo de 2026 un recurso de amparo preventivo contra una posible orden de extradición hacia los Estados Unidos. La argumentación jurídica presentada por la defensa se basó en testimonios de custodia intrapenitenciaria y publicaciones de medios de comunicación que sugerían un traslado inminente al extranjero.
La resolución sobre este recurso fue emitida por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez. El órgano jurisdiccional determinó el sobreseimiento del amparo al confirmar la inexistencia de una solicitud formal de extradición notificada por las vías diplomáticas correspondientes, descartando un perjuicio real e inminente contra el quejoso.
Actualmente, el exsecretario de Seguridad Pública permanece recluido bajo medidas de máxima seguridad en el Centro Federal de Reinserción Social No.1, «El Altiplano», localizado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su detención original fue ejecutada en septiembre de 2025 tras un operativo de expulsión migratoria coordinado desde la República de Paraguay.
