Por Carlos Lara Moreno
El Gobierno Federal argumentó que mover al 2028 la elección del Poder Judicial obedece a criterios logísticos y presupuestales derivados de la reforma electoral que se enviará al Congreso.
Sin embargo, la propuesta carece de criterios técnicos públicos claros, enfrenta resistencias dentro de su propia coalición y vuelve a poner sobre la mesa tensiones ya evidentes desde la elección judicial de 2025, cuestionada por irregularidades y baja participación, lo cual complica la narrativa oficial de eficiencia y legitimidad.
Contradicciones en la narrativa de costos
Sheinbaum presenta el posible traslado de la elección del Poder Judicial al 2028 bajo el argumento de “costos y logística”. Sin embargo, la discusión central sobre la reforma electoral ya incluye un proyecto mucho más amplio que busca reducir 25% del gasto electoral y reorganizar el sistema de representatividad y financiamiento partidista.
Esa reforma , que Sheinbaum ha empezado a delinear pero no ha enviado formalmente como iniciativa completa, contiene componentes mucho más estructurales que simples ajustes de calendario, lo que diluye la justificación técnica puramente económica de mover solo una elección.
La mandataria insiste en que la propuesta “no es una ocurrencia”, pero la vinculación directa entre la reforma constitucional completa y el simple aplazamiento de una elección no está claramente explicada con datos.
La única referencia técnica al respecto proviene del Instituto Nacional Electoral (INE), que propone evitar solapamientos operativos, no necesariamente postergar por un año completo.
Evasivas sobre la independencia judicial
La decisión de mover la elección judicial no puede ser autónoma del Congreso ni de la Constitución; requeriría reforma constitucional.
La presidenta se enfoca en justificar los posibles costos logísticos, pero evade explicar cómo se concilia ese cambio con los principios de independencia judicial y estabilidad institucional que supuestamente motivaron la elección judicial de 2025, proceso que enfrentó serias críticas de partidos, juristas y organizaciones por supuestas irregularidades en el manejo de listas electorales y participación ciudadana insuficiente.
Repetir que “se revisa con aportaciones ciudadanas” sin publicar los criterios técnicos ni las métricas de evaluación refuerza la percepción de que la declaración es más política que técnica.
Resistencia política interna y falta de consenso técnico
El debate sobre la reforma electoral, a la que se ató el tema del cambio de fecha, muestra fracturas profundas incluso dentro de la coalición gobernante. Partidos aliados como el Verde Ecologista de México y el PT ya han expresado reservas y críticas sobre aspectos sustanciales de la reforma, poniendo en duda su viabilidad legislativa sin ajustes importantes.
Esto indica que no existe un consenso político sólido que pueda respaldar modificaciones constitucionales tan sensibles como el calendario electoral o la configuración del Poder Judicial.
Omisiones claras en la explicación pública
El gobierno no ha transparentado:
El análisis comparativo de costos entre realizar o separar la elección judicial de otros comicios.
Estudios técnicos sobre la carga administrativa y logística que implicaría una elección conjunta.
Posibles riesgos para la independencia judicial de postergar una elección ya constitucionalmente programada.
La propuesta de mover la elección judicial al 2028 está inserta en un paquete de transformaciones electorales más profundo y polémico. La narrativa oficial prioriza la austeridad y simplificación logística, pero falla en presentar evidencia técnica concreta y enfrenta resistencia política importante.
La falta de transparencia en criterios y la historia reciente de controversias sobre la propia elección judicial debilitan la justificación del gobierno y abren espacio a críticas de que se trata menos de un ajuste técnico y más de una estrategia política para rediseñar el sistema electoral.
