Por Bruno Cortés
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por Anaís Miriam Burgos Hernández, reunió a legisladoras, legisladores, funcionarias y representantes de organizaciones civiles en el foro “Es tiempo de mujeres. El aborto es un hecho y decidir es nuestro derecho”, un espacio pensado para reforzar la incidencia legislativa y avanzar en la eliminación del delito de aborto de los códigos penales en todo el país.
Burgos Hernández enfatizó que decidir sobre el propio cuerpo es un derecho humano irrenunciable y que las instituciones tienen la obligación de garantizar que el aborto, ya presente en la vida pública mexicana, se ejerza con dignidad, seguridad y libertad. Reconoció que, aunque existen avances, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos se enfrenta a desinformación, resistencias y falta de perspectiva de género en la toma de decisiones, lo que ha mantenido desigualdades legislativas entre entidades.
Durante el encuentro, Patricia Mercado Castro destacó los progresos tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incorporación de la NOM-046 en la Ley General de Salud, fortaleciendo el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación y la importancia de estrategias de coordinación legislativa para lograr la despenalización federal. Martha Lucía Micher Camarena señaló que el desafío actual es consolidar el derecho a decidir en todo el país, garantizando servicios de salud sin estigmas ni barreras institucionales, y armonizando la legislación donde aún existen restricciones.
Desde los estados, el diputado David Martínez Mendizábal destacó los avances y retos en Guanajuato, mientras que en la Ciudad de México, la secretaria de Salud Nadine Gasman Zylbermann recordó que desde 2007 se han realizado más de 290 mil interrupciones legales del embarazo con protocolos basados en evidencia, demostrando que el acceso oportuno protege la salud y la dignidad. Por su parte, Daptnhe Cuevas Ortiz y Nashieli Ramírez Hernández subrayaron que la lucha por el derecho a decidir es colectiva y que fortalecer la autonomía reproductiva es clave para la justicia social e igualdad sustantiva.
Aidé García Hernández, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, presentó tres rutas estratégicas: consolidar la despenalización nacional, reconocer el aborto como un asunto de salud pública y derechos humanos, y fortalecer capacidades políticas para defender la agenda. Ponencias de organizaciones como Colmena y GIRE reforzaron la discusión con perspectivas jurídicas, éticas y de salud integral, resaltando que avanzar en la eliminación del delito de aborto requiere coordinación entre instituciones, legisladores y sociedad civil.
El encuentro reafirmó que garantizar el derecho a decidir no es solo una conquista histórica, sino una obligación para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso pleno a servicios de salud, autonomía y libertad, sin importar la entidad en la que vivan.
